La defensa del Polo Obrero apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal el procesamiento dictado por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal el 21 de noviembre. La intervención de la Cámara de Apelaciones tiene lugar a partir de las apelaciones al procesamiento de Casanello por el delito de administración fraudulenta, planteados por la defensa y el fiscal. En el caso del fiscal Pollicita, apeló el procesamiento por considerar que los compañeros del Polo Obrero debían ser procesados además por los delitos de coacción y extorsión. La Cámara de Apelaciones resolvió hacer lugar a lo solicitado por Pollicita y dictó el procesamiento por los tres delitos en concurso real, lo que implica un aumento exponencial de las penas en expectativa.

Ante este procesamiento resuelto por la Cámara de Apelaciones que confirma el dictado por el juez por el delito de administración fraudulenta y lo amplía por coacción y extorsión, la defensa del Polo Obrero presentó ante la Cámara de Casación, para actué como tribunal revisor en relación a la ampliación del procesamiento. Ello en virtud de la garantía procesal, de raigambre constitucional, que tienen las partes a contar con una instancia de revisión de aquellas resoluciones que resultan gravosas por sus consecuencias. Pues bien, la Sala IV de la Cámara de Casación -integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña- declaran inadmisible el recurso valiéndose de un argumento de forma para violentar el derecho de defensa, en este caso representado por la garantía de revisión, diciendo que no les correspondía entender porque la resolución en cuestión no se trata de una sentencia definitiva.

La propia Cámara de Apelaciones consideró antes que era admisible presentar la apelación ante Casación, pese a que no se trataba de una sentencia definitiva, haciendo lugar a los argumentos de la defensa sobre el derecho a revisión. Pero además la Cámara de Casación rechazó que el procesamiento sin posibilidad de ser revisado importa un daño imposible de ser reparado con posterioridad cuando ello es evidente ya que un procesamiento ampliado con los delitos de coacción y extorsión agrava sustancialmente la situación procesal de nuestros compañeros. En definitiva, se da vía libre a las pretensiones del fiscal Pollicita de que una eventual condena implique la cárcel directamente, sin que puedan “salir libres con una probation” como lo expresó en la apelación de lo resuelto por Casanello.   

Como lo venimos denunciando, estamos ante una causa donde las garantías constitucionales del proceso penal se violentan en cada decisión, en cada instancia. Lo que se evidencia es que hay una condena definida por la ministra Bullrich que la Justicia Federal busca plasmar en una sentencia producto de un juicio amañado a tal fin. Las arbitrariedades se plasman en cada resolución mediante las cuales avanza la causa en tiempo récord. La justicia y el gobierno buscan una condena ejemplar para todos los sectores que hoy se encuentran en lucha frente al ajuste y el avance contra los derechos conquistados. Ésta es la finalidad que tiene también la condena a prisión efectiva contra el compañero César Arakaki. Lo que está en juego es el derecho a organizarse y a luchar de la clase trabajadora. Sólo la solidaridad organizada y decidida de las y los trabajadores puede frenar este linchamiento a luchadores populares, que disfrazan de juicio, cumpla su cometido reaccionario. Llamamos a rodear de solidaridad a los perseguidos por Milei y Bullrich.       

Una solicitada con cientos de firmas contra la persecución al Polo Obrero y el movimiento piquetero

Entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Elia Espen, miembros y dirigentes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, intelectuales, artistas, diputados nacionales, legisladores, organizaciones piqueteras, estudiantiles, etc. –

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