El Consejo de la Magistratura provincial decidió abrir un jury de enjuiciamiento contra Daniela Zagari, la primera jueza que investigó el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, ocurrido en 2008 en la localidad de Viedma. En tanto, desestimó llevar a esa instancia al fiscal Ricardo Falca. 

El joven Atahualpa Martínez Vinaya fue encontrado muerto de un balazo luego de desaparecer del pub Miloka, lugar al que había llegado en compañía de un amigo que lo perdió de vista aquella jornada. Tanto el primer juicio, en el 2014, como el segundo, desarrollado en julio del 2019, encontró inocentes a los 3 sospechosos del asesinato de Atahualpa.

Pero la investigación estuvo repleta de irregularidades, que fueron puestas de relieve por sus familiares, que han llevado a cabo una intensa lucha por justicia. La prima de Atahualpa, Laura Vinaya, denuncia la ausencia de una pericia ocular clave y una subrogancia de fiscales que habría tenido el propósito de dilatar la investigación.

Incluso una comisión investigadora de la legislatura provincial ha reconocido las múltiples irregularidades. “Deficiente autopsia, pérdida de tiempo detrás de supuestos dichos, generalmente originados en personal policial; allanamientos de dudosa legalidad; una campera en la que se detecta sangre de la víctima que quedó cajoneada durante cuatro años; y diferencias, con ruptura del diálogo entre la fiscal y el jefe policial a cargo de la investigación” (Página 12, 8/12/15).

Según Vinaya, el fiscal Falca “tenía familiaridad con el propietario del local bailable, que ‘hoy está preso por la causa de trata de menores que también tiene preso al juez (Juan) Bernardi, que fue el primer juez del tribunal que juzgó el primer juicio y que desestimó la única prueba que había en la causa’” (ADN Río Negro, 28/8).También señala que todos los responsables judiciales del caso fueron ascendidos, pese a las múltiples irregularidades. “Así trabaja el Poder Judicial, corporativamente, son todos amigos, sino son amigos son familia, si son amigos se hacen favores, si uno es abogado quiere ser juez, si es fiscal quiere ser juez”, reflexionó (ídem).

A 10 años del asesinato del joven Atahualpa la elevación a jury de la ex jueza del caso resulta una medida que debe leerse como justa, pero insuficiente. Las responsabilides sobre la impunidad reinante en el caso, cargado de irregularidades en la investigación sobrepasan a esta ex jueza.

Desde el Partido Obrero seguiremos exigiendo justicia por Atahualpa Martínez Viyana y el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen.