El jurado dio a conocer su veredicto en el primer juicio por el crimen de Darío Avalos. Todos los imputados fueron condenados. 

 

Alejandro Jara y Albero Albornoz fueron hallados culpables de homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas, que prevé la pena de prisión perpetua. Los hermanos Javier y Héctor Cabrera -hijos del segundo en la conducción de la Uocra de Lomas de Zamora-, Chuquimia Romero y Cáceres Paredes fueron condenados por homicidio en agresión, lesiones graves en agresión y lesiones leves en agresión en dos oportunidades, con la perspectiva de una pena que va desde 2 años a 10 años. El monto de las penas lo resuelve el presidente del tribunal después de una audiencia que se realizará el 12 de julio. Los seis son delegados de la Uocra.

 

Avalos era obrero de la construcción. Fue asesinado por una patota de la Uocra de Lomas de Zamora mientras participaba de un reclamo por puestos de trabajo frente a una obra de la constructora Esuco SA. Los agresores emboscaron con armas de fuego, cuchillos, varillas de metal y piedras al grupo de manifestantes en el que se encontraba Avalos. Parte de los atacantes los aguardaron desde la madrugada dentro de la obra y otro grupo llegó “en caravana” desde la sede del sindicato. Todo ocurrió bajo la mirada de efectivos de la policía bonaerense, que cubrieron la huida de la patota.

 

El jurado dio por acreditada la existencia de un plan criminal. Su mentor fue Walter Leguizamón, secretario general de la Uocra de Lomas de Zamora, actualmente prófugo. Leguizamón es un hombre de estrecha confianza de Gerardo Martínez, titular del gremio a nivel nacional, en el que rige un régimen de extrema violencia contra los trabajadores. Estas primeras condenas por el crimen de Avalos son un golpe a la impunidad de la mafia que domina la Uocra.

Por decisión de la Justicia, el caso Avalos fue desgranado en diferentes procesos. Algunos de ellos se encuentran paralizados por la fiscalía del doctor Bisquet, de la UFI 5 de Lomas. Es el caso de la causa que investiga la responsabilidad y complicidad de la policía bonaerense con el ataque. 

 

Las actuales condenas son mérito de la extraordinaria movilización de la Comisión de Familiares y Amigos de Darío Avalos y de los compañeros del Sitraic. Hubo que superar numerosos obstáculos y todo tipo de amenazas. Hasta último momento, el presidente del tribunal no quería admitir una prueba fundamental como los videos de las cámaras de seguridad de la zona, que registraron toda la agresión. Los abogados de Apel patrocinamos la querella de la familia.

 

El jurado fue integrado por trabajadores ocupados, desocupados y jubilados que tuvieron la valentía que no tuvieron los jueces profesionales en el juicio de Mariano Ferreyra a la hora de llamar a las cosas por su nombre: como en el caso de Mariano, el asesinato de Ávalos fue el resultado de una acción premeditada, que involucró a la burocracia sindical, a la empresa constructora y a la policía. 

 

Las defensas usaron sus recusaciones para retirar del jurado a todas las personas con estudios terciarios, pero la maniobra fue inútil.

 

Nuestro mandato es continuar para que Leguizamón y los demás responsables vayan presos.