El juicio por el asesinato de Blas Correa comenzó el pasado 7 de septiembre. A medida que los acusados van pasando al banquillo, queda ratificado que hubo un operativo de encubrimiento para garantizar la impunidad del accionar policial. Por el crimen hay 13 policías en el banquillo de los acusados, y queda expuesta toda una trama que devela una descomposición de las fuerzas de (in)seguridad.

En las primeras horas la madre de la víctima, Soledad Laciar afirmó que “hubo cientos de policías queriendo tapar el moco que se habían mandado”. Una definición que en Prensa Obrera afirmamos desde el inicio en base a las declaraciones y movimientos de la propia Policía.

En efecto, en primer lugar, la policía buscó instalar que Blas y sus amigos estaban armados. Esto quedó totalmente desmentido cuando la agente Wanda Esquivel confesó haber plantado el arma que más tarde sería encontrada en la escena del crimen.

Por otra parte, hay un video del hecho que demuestra que en ningún momento los jóvenes exhiben armas o siquiera una actitud “sospechosa”. El conductor del auto declaró que no paró en el control policial porque había un policía-Alarcón-que le estaba apuntando. Esto también se corrobora en el video.

Además, Yamila Martínez, otra de las acusadas, declaró que en ningún momento se sintió amenazada mientras pasaba el auto en el que iban Blas y sus amigos, y que no entiende por qué Gómez y Alarcón dispararon.

Este caso dejó al descubierto una cadena de responsabilidades, que empieza con los policías que dispararon, pero termina mucho más arriba, con los altos mandos que avalan esas acciones. Esto no comenzó la noche que le quitaron la vida a Blas, si no que se repite sistemáticamente. La muerte de pibes a mano de las fuerzas policiales tiene antecedentes, así como también el posterior hostigamiento y amenazas a los familiares que reclaman justicia.

Exactamente lo mismo ocurrió con el caso de gatillo fácil de Joaquín Paredes, mismo modus operandi por parte del aparato represivo. En tanto que a José Avila dos efectivos lo persiguieron y le dispararon sin mediar palabra para luego dejarlo agonizar hasta morir. Cabe destacar, además, que esto sucedió un mes antes del asesinato de Blas.

El Estado es el primer promotor de esa violencia, cuando margina y criminaliza a la juventud. Más aún, cuando la policía de Juan Schiaretti persigue a lxs jóvenes de las barriadas populares, y en particular a quienes se organizan y luchan. Por eso, exigimos que se condene a quienes dispararon, pero también a los responsables políticos. Justicia por Blas y por todas las víctimas de gatillo fácil. Desmantelamiento del aparato represivo.