Ayer viernes 27 se dio a conocer que el fiscal José Mana dio la orden de detener a tres jefes de la policía de Córdoba los comisarios inspectores Walter Soria y Jorge Galleguillo y el subcomisario Enzo Quiroga. Los tres estaban imputados por encubrimiento y omisión de sus deberes, pero según información de la justicia se agregó prueba que los compromete aún más en el encubrimiento el gatillo fácil por lo cual su situación en la causa se agravó. Ahora se los acusa de omisión de deberes del oficio de funcionario público y encubrimiento agravado.

“La decisión se basó en la nueva prueba incorporada, la naturaleza de los delitos atribuidos, el modus operandi, sus cargos jerárquicos en la fuerza de seguridad” expresó el fiscal de la causa. Además, excarcelará a 4 policías imputados por el asesinato de Blas Correas. Se trata de Leandro Quevedo, Ezequiel Vélez, Rodrigo Tolosa, y Leonardo Martínez, que continúan imputados por encubrimiento agravado y falso testimonio. La justicia argumentó que al no haber peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación salen de prisión. A la fecha hay 16 imputados, 8 de los cuales permanecen detenidos con prisión preventiva

El caso de gatillo fácil que conmocionó a Córdoba hace ya cuatro meses continúa dando nuevas novedades que van ratificando que la Policía maneja un modus operandi en los casos de gatillo fácil que consiste en falsear pruebas, ensuciar a las víctimas, para tener impunidad. En esta práctica intervienen toda una cadena de responsabilidades en las que está involucrado el poder político y judicial.

En los últimos días trascendió el testimonio de Wanda Esquivel, una de las policía imputadas, quien rompió el pacto de silencio policial y declaró ante el fiscal Mana la trama de encubrimiento; desde cómo plantaron el arma para hacer pasar el hecho como un intercambio de disparos y encubrir la balacera contra el Fiat Argo en el circulaba Blas y sus amigos.

En las declaraciones de Esquivel se refirió a una conversación entre los uniformados a minutos del hecho: “allí Quevedo preguntó si alguno de ellos tenía un ‘tango’, que ella manifestó que ella no tenía y que Quevedo también le dice que él tampoco tenía y el cabo 1° Alarcón le dice que sí que él tenía. Cuando se refiere a un ‘tango’ se refiere a un arma trucha” se lee en el expediente, cuyos tramos fueron publicados en La Voz.

Esquivel También cuenta que: “a la altura del Avión en la Ciudad Universitaria el cabo 1° Alarcón saca del chaleco un revolver, y le dice tomá y ella le dice que no, y le repite vos tomá y tíralo. Que en ese momento ella agarró el revólver y abrió un poquito la ventana y lo tiró. Que en ese momento fueron minutos de debilidad y que ella hizo lo que le dijo el cabo 1° Alarcón”.

Más adelante en la policía marcó lo sucedió en la jefatura central en donde se encontraron con el comisario inspector Ludueña (jefe del Distrito 3) y el comisario Juan Gatica (jefe del CAP 3). Según la citada fuente “en ese momento Ludueña le pide a Alarcón que lo acompañe a unos metros de donde estaban todos y que allí se pusieron a hablar. Que ella no pudo escuchar de qué hablaban. Que cuando dejaron de hablar se acercaron a donde estaba el resto y el comisario inspector Ludueña les dice que se quedaran tranquilos que iba a salir todo bien. Que en ese momento estaba el comisario Gatica y les preguntó a los cuatro acerca del arma y que les dice si habían puesto el arma ahí, que la mira a la dicente y ella lo asiente con la cabeza y él la mira y le dice quédese tranquila que por guardia tienen varios robos calificados en esa zona y que lo dejen ahí al tema del arma”.

Lo señalado da cuenta que los altos mandos de la Policía sabían del hecho y avalaron el accionar criminal de los efectivos. Como se ve, en el testimonio de Esquivel hay un aceitado sistema de impunidad dentro de las fuerzas de (in)seguridad, las mismas que llevan adelante el delito organizado y reprimen luchas obreras.

Está claro que tenemos por delatante un largo camino para conseguir hacer efectiva la consigna “Gatillo Fácil Nunca Más”. Mientras los policías imputados se marcan unos contra otras para rebajar sus condenas, la justicia le da libertad a 4 imputados, y siguen sin investigarse las responsabilidades políticas. Es necesario investigar toda la cadena de responsabilidades para que no haya impunidad en torno a lo sucedido.

Los cambios en la organización de las fuerzas represivas del Estado (cambio de cúpula, protocolo) lejos de ser una salida a la crisis policial no han cambiado el carácter de las mismas. El gobiernos del PJ cordobés siguen enviando ordenes de represión a una Policía descompuesta, una política criminalización de las luchas de les trabajadores. En ese sentido, el caso más reciente, fue el brutal operativo de desalojo ilegal en Estación Ferreyra contra las familias que no tiene donde vivir.

Ante este cuadro la movilización política independiente es la única salida para conquistar justicia por Blas, por Joaquín y por todes les pibes asesinados por la maldita policía. Desmantelamiento de todo el aparato represivo.