Por el crimen de Blas Correas se han dado a conocer las detenciones de la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez y del subcomisario Sergio Alejandro González, acusados de “omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”. Además fueron imputados por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento los comisarios inspectores Walter Soria y Jorge Galleguillo y el subcomisario Enzo Quiroga.

Las filmaciones dan cuenta de que Sergio González tuvo un rol activo, reuniendo a los policías involucrados en la balacera, a quienes les habría dicho que no se comunicaran por la frecuencia policial, según se filtró en la prensa. El subcomisario, fue a quien le dieron el arma plantada para ensuciar a las víctimas.

En tanto que los otros dos comisarios tampoco informaron lo sucedido y dejaron poner en marcha todo un operativo de encubrimiento, que fue entrando en crisis a medida que la conmoción popular fue creciendo. Vale señalar que el comisario mayor Gonzalo Cumplido, realizó declaraciones a la prensa en las que hasta último momento deslizó la posibilidad de que les pibes tuvieran un arma; horas después, fue licenciado. Este oficial ya tuvo participación en el encubrimiento del asesinato de Rodrigo Sánchez, un caso de gatillo fácil acontecido 5 años atrás.

Una cadena de responsabilidades

El gobierno buscó cortar la cadena de responsabilidades. Caída la versión policial de una supuesta persecución y tiroteo, se realizaron las primeras imputaciones y detenciones e intentaron presentar el caso como resuelto. Sin embargo, se va revelando lo que la madre de Blas denunció: “acá hubo cientos de policías queriendo tapar el moco que se habían mandado”.

Sin embargo, a la fecha son 9 los policías entre imputados y detenidos, entre ellos, el autor del crimen, el cabo primero Lucas Gómez de 35. Este policía, junto a otros cuatro, tiene una causa abierta por estar acusado de encubrir al violador serial de La Calera, Leandro Castañares, condenado a 15 años de prisión por seis ataques sexuales. En tanto que Javier Alarcon, el otro cabo que disparó, también tiene una causa abierta en la justicia por “lesiones leves calificadas” y “privación ilegítima de la libertad”.

El Tribunal de Conducta Policial, organismo dependiente del gobierno de la provincia, habilitó que los dos oficiales que dispararon contra el auto siguieran patrullando como si nada; de haberlo impedido, no habrían disparado contra Blas.

Y un día habló el jefe de policía de la provincia

Gustavo Vélez, el jefe de la policía de la provincia viene realizando declaraciones públicas a través de los medios de comunicación. Primero envió un comunicado, en el que afirma tener “un compromiso definitivo e inclaudicable con la investigación del hecho hasta su total esclarecimiento, con el propósito de restaurar la confianza de la sociedad”.

Y luego dio entrevistas a Radio Mitre, en donde señaló que habrá cambios en la institución y afirmó que Córdoba tiene “una gran mayoría de buenos policías” y que no sabe porqué la población tiene una mala imagen de las fuerzas de seguridad.

Las declaraciones del jefe de la policía se dan en momentos en que vienen saliendo a la luz delitos realizados por las fuerzas de (in)seguridad, nuevos casos de abusos policiales y hasta de gatillo fácil. A la fecha son 6 las víctimas a manos del aparato represor.

El crimen de Blas detonó una conmoción popular y una crisis que el gobierno busca pilotear. Sucede que necesita valerse de una policía cuestionada para continuar imponiendo una política de ajuste contra el pueblo trabajador.

En este marco, la convocatoria a un plenario nacional antirrepresivo representa la oportunidad de unificar todas las denuncias contra el aparato represor y establecer una acción en común para terminar con la impunidad de un aparato represor descompuesto.

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