El pasado 24, en el marco del juicio por gatillo fácil contra Blas Correa, declaró Alfonso Mosquera, el exministro de Seguridad e la provincia de Córdoba. En un intento por evadir su responsabilidad, terminó dejando en evidencia la descomposición tanto del aparato policial como del propio régimen político. En realidad, las declaraciones del exfuncionario son solo otro capítulo más de cómo se va develando la cadena de responsabilidades que hubo en el crimen.

Cabe recordar que Gonzalo Cumplido, ex comisario mayor, ya había comprometido con su testimonio a Mosquera y a toda la cúpula del poder provincial. Ahora, el exministro se refirió al asesinato de Blas como “violencia institucional y violatorio de los derechos humanos”. De esta manera, expuso al gobierno provincial.

Cabe mencionar que Mosquera fue prácticamente obligado a presentar su renuncia en el Ministerio de Seguridad tras las repercusiones por el caso de Blas. Luego de esto volvió a su puesto de legislador de la provincia, y de esta manera tiene fueros.

Recordemos que hace muy poco, el gobernador Juan Schiaretti realizó una “reestructuración ministerial”; “limpió el gabinete” para continuar imponiendo una política de ajuste. A la renuncia forzada de Mosquera se sumó la de Diego Cardozo, quien se desempeñaba como ministro de Salud. Este fue imputado por las muertes de los bebés en el neonatal.

Además, renunció a su puesto, acusada de corrupción, la extitular de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano. A estos escándalos se le sumó el del legislador Oscar González,que destapó todo un régimen de privilegios y corruptelas en la cúpula de poder provincial. Todo esto muestra un cuadro de descomposición política.

Por eso no sorprende que ahora Mosquera apunte contra la actual jefa de policía Liliana Zárate Belleti. Aseguró que Zárate Belleti es la responsable de que el cabo Javier Alarcón estuviera en la calle sin haber aprobado el examen de disparo. Esto porque la jefa de policía se desempeñaba como directora del área de recursos humanos de la policía en el año 2020. Alarcón, junto a Lucas Gómez, son los acusados de haber disparado. Mientras que los otros 11 policías imputados están acusados por el encubrimiento del crimen.

En el ataque de Mosquera hacia la jefa de policía provincial este aludió que “no sabía” y “no era parte de su función” estar enterado de los resultados de los exámenes de disparo. Sin embargo, poco después del crimen de Blas, el 25 de octubre, la policía asesinó a Joaquín Paredes de 15 años. Y anteriormente, el 4 de julio, dos policías motorizados dispararon contra José Ávila de 35 años, quitándole la vida. Estos antecedentes demuestran que no son solo casos aislados, sino que es evidente la descomposición de todo el aparato policial.

Recordemos que posterior al asesinato de Blas, el mismo Mosquera propuso a Zárate para jefa de policía.

Las fuerzas de (in)seguridad de Córdoba se han visto una y otra vez envueltas en numerosos casos de gatillo fácil, como también de corrupción, de trata de personas, de delito organizado y narcotráfico. Son también las mismas fuerzas que persiguen, hostigan y violentan a lxs pibxs de las barriadas populares.

Por todos estos motivos y más, el próximo 29 de noviembre saldremos a las calles para la décimo sexta marcha de la gorra. Para gritar bien fuerte gatillo fácil nunca más. Justicia por Blas Correa y por todxs lxs pibxs que muere en manos de la policía. Desmantelamiento del aparato represivo.

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