En el marco del caso de gatillo fácil de Blas Correas, la Justicia ordenó llevar adelante una tercera parte del juicio. En esta instancia serían juzgados algunos de los responsables políticos del gatillo fácil, entre ellos Alfonso Mosquera, quien se tomó una licencia de su cargo como legislador; su exsecretario Lucas Mezzano; la actual jefa de policía Liliana Zárate Belletti y el excomisario Gonzalo Cumplido.

Cabe recordar que el 31 de marzo pasado la cámara 8va del crimen condenó a Lucas Gómez y Javier Alarcón a prisión perpetua por disparar el auto donde circulaba Blas Correas con sus amigos, provocando la muerte de Blas la noche del 6 de agosto del 2020. Otros 10 uniformados fueron condenados por intentar encubrir el caso de gatillo fácil y por omisión de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, a partir de esta iniciativa comenzaron un sinfín de idas y vueltas judiciales. En primer lugar, para encarar esta tercera parte del juicio salió sorteado el fiscal José Mana. Mana ya se había encargado de la parte central del juicio, donde condenaron a Alarcón y a Gómez. Este fiscal giró la investigación al fuero anticorrupción, donde fue designado Franco Mondino. Este funcionario a su vez devolvió el expediente argumentando que la investigación corresponde al fuero penal. La investigación entonces permanece en un limbo, a la espera de que el fiscal Mana decida aceptarla o rechazarla nuevamente. En ese caso, el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, decidirá quién finalmente deberá asumir el caso.

Esta calesita judicial no expresa otra cosa que el hecho de que nadie quiere asumir la responsabilidad de juzgar a los responsables políticos del crimen de Blas. Mientras tanto, continúa la avanzada por criminalizar la protesta. En ese sentido, recordemos el “Habeas Corpus” que en esencia es un fallo fascistoide que considera la movilización como una “tiranía”; con la excusa de la libre circulación le otorga mayor poder de intervención a las fuerzas policiales en las manifestaciones. Esta medida apunta contra las organizaciones piqueteras en particular, pero también a todxs quienes salen a la calle a enfrentar el ajuste.

La Justicia, que es diligente a la hora de imputar a lxs trabajadorxs que luchan por salarios dignos frente a una inflación que no da tregua, es la misma que busca desentenderse la hora de enjuiciar a responsables políticos de un caso de gatillo fácil. Evidencia de esto son las imputaciones a lxs luchadorxs en la provincia. Entre ellxs Soledad Díaz, candidata a vicegobernadora y Emanuel Berardo, candidato a legislador. Además, en los últimos días se conocieron las imputaciones de Ricardo Barrionuevo y Andrés Campos, trabajadores de la salud que participaron de una protesta por aumento salarial y mejoras laborales el pasado 17 de mayo.

Esta Justicia dependiente es incapaz de ir a fondo contra quienes ejercen el poder político. Para que eso ocurra es necesario, en principio, que jueces y fiscales sean electos mediante el voto popular y que su mandato sea revocable, esto como parte de un programa de transformación social.

En ese sentido, para hacer efectiva la consigna “gatillo fácil nunca más” es necesario desmantelar el aparato represivo. Desarrollemos una alternativa independiente, para echar a los políticos capitalistas y su justicia adicta.