Caso Blas: los dos oficiales que dispararon tenían causas abiertas en la justicia

Se comprobó que otra vez la policía plantó un arma y falseó pruebas.

Por el crimen de Blas Correas hay 3 detenidos. Lucas Gómez y Javier Alarcón, quienes están procesados por “homicidio calificado en grado de tentativa” y Wanda Esquivel que es investigada por encubrimiento agravado. Además, el subcomisario Sergio Alejandro González y Yamila Florencia Martínez están imputados por encubrimiento agravado y omisión a los deberes de funcionario público. Con las imputaciones y detenciones, la fiscalía a cargo de José Mana busca cortar la cadena de responsabilidades de un caso que detonó una conmoción popular.

Además, las pericias indicaron que la bala que mató a Blas salió del arma del cabo Lucas Gómez, que está procesado por encubrimiento al violador serial de La Calera, Leandro Castañeras, condenado por seis violaciones en el 2018. En tanto que Javier Alarcón, desde abril del 2013 está imputado por “lesiones leves calificadas” y “privación ilegítima de la libertad”. A pesar de esos cargos en su contra fue premiado con el ascenso a cabo primero. Es claro que estos policías no deberían haber estado en funciones, sin embargo siguieron en servicio lo que agrega más responsabilidades políticas a un caso que expone la composición de todo el aparato represivo.

Sucede que las últimas informaciones sobre el caso Blas Correa van confirmando dos premisas que se denunciaron tras el gatillo fácil: hubo un operativo en busca de impunidad y el crimen es el resultado de un aparato descompuesto, al servicio de una orientación política de ajuste y represión contra el pueblo trabajador.

La madre de la víctima fatal, Soledad Laciar, declaró que “hubo cientos y cientos de policías queriendo tapar el moco que se habían mandado”. En efecto, tras el crimen la policía puso en marcha un plan para obtener impunidad. En ese sentido, desde el aparato represor se deslizó que actuaron en función de una llamad y se plantó un arma y se afirmó que hubo un tiroteo, buscando ensuciar a las víctimas. Pero no existió nada de eso, sino la puesta en marcha de una metodología que viene de larga data.

Se supo que el arma plantada estaba en el baúl de uno de los móviles policiales implicados en el caso. La policía Wanda Esquivel arrojó en la vía pública un revólver calibre 22 inservible. Según ella, fue obligada a ejecutar el delito. La falsa prueba, fue puesta con el claro objetivo de adulterar los hechos y por lo tanto la investigación. Esta siniestra trama fue revelada más de una semana después de que la familia denunciará el hecho.

Cabe recordar que el sub director Gonzalo Cumplido, horas después del crimen repetía en la prensa la versión policial que indicaba la existencia de un arma con la cual se buscaba ensuciar a las víctimas. Este policía ya estuvo implicado en la impunidad para el asesinato de Rodrigo Sánchez, ocurrido hace 5 años atrás.

En los casos de gatillo fácil, la policía ejecuta un libreto, que consta entre otras medidas de un supuesto peligro de vida para los agentes, también se plantan armas y pruebas falsas. Pero las balas vienen de un solo lado, los agentes tiran a matar y tienen toda una estructura para conseguir impunidad. Lo que da cuenta de todo un aparato delictivo que también es usado contra la lucha obrera y popular.

Es necesario traer a colación que desde la fiscalía de José Bringas se dio a conocer que peritos de la policía trabajaban en supuestas pruebas que relacionarían a Cintia Frencia con las amenazas al viceintendente, Daniel Passerini. La respuesta ante semejante ataque obligó a un recule en la operación judicial en la que la también se implicó a la policía.

Es claro que el caso Blas detonó un repudio hacia el accionar policial. Entonces, a medida que la conmoción crecía el gobierno fue echando lastre. Primero detuvo a los responsables materiales, luego relevó a la cúpula policial. Nótese que solo se pasó a retiro al director general de seguridad de la capital, Gustavo Piva, sin establecer la responsabilidad que le cabe; los otros dos subdirectores fueron relevados del cargo, pero no puestos en situación pasiva.

Además, desde la policía se hicieron declaraciones tendientes a “reconciliar a la policía con la sociedad”, dando cuenta de una crisis en curso que el gobierno busca cerrar. Por eso, desde el ejecutivo se llegó a plantear que el caso estaba resuelto y tomó medidas que apuntan a salvaguardar su política, tendiente a imponer un Estado policial, para la cual necesitan al conjunto del aparato represivo.

La consigna de #JusticiaPorBlas para que en palabras de la madre no suceda otro gatillo fácil, llevada hasta el final implica el desmantelamiento del aparato represivo. Lo que requiere de una intervención popular. En se sentido, desde el Partido Obrero, a través de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) se está convocando a un plenario nacional antirrepresivo. A la iniciativa ya se han manifestado a favor familiares de víctimas a manos de la policía, y activistas defensores de DD.HH.

La convocatoria recoge la necesidad elemental de establecer una intervención popular contra el abuso policial, el gatillo fácil, y la represión a quienes luchan contra el ajuste en curso. Sin dudas, desarmar la política represiva resulta vital para defender el derecho a luchar y las libertades democráticas.