Luis Chocobar, el policía bonaerense que mató al joven Juan Pablo Kukoc, quien para robar había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en La Boca, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación.

La primera consecuencia de ese fallo es que se trata de una condena en suspenso por la cual no estará privado de su libertad ni un solo día.

En los hechos Chocobar abatió por la espalda a Kuboc al disparar su arma reglamentaria cuando este estaba huyendo del lugar, provocándole la muerte tras cuatro días de agonía.

Este accionar fue calificado como homicidio agravado cometido con exceso en el cumplimiento del deber.

El cumplimiento del deber es una justificación de un accionar ilícito en el código penal, en este caso la justicia consideró que hubo “un exceso” de ese deber, por lo cual solo atenúa pero no hace desaparecer la acusación de homicidio.

Deberemos esperar los fundamentos para saber cuál fue el significado para los jueces de esto.

Pero, aplicando el sentido común, el mensaje es claro: para los jueces disparar a un ladrón (o supuesto ladrón o sospechoso), aunque este se encuentre ya huyendo y sin poner a nadie en riesgo, constituye un cumplimiento del deber. La calificación de que ese cumplimiento fue excesivo es porque la bala lo mató.

Ese exceso merece una pena exigua por el carácter de “delincuente” que se le da a la víctima, y por lo tanto su vida vale menos en términos de responsabilidad de que aquel que mata a alguien en un accidente de auto, de 2 a 6 años, o intencionalmente de 8 a 25 años, o el agravado por ser realizado por un policía que prevé la condena a perpetua.

Ese tipo de accionar policial ha sembrado de muertes la argentina no solamente a supuestos delincuentes huyendo de la escena sino a víctimas (como daño colateral) que se encontraban en la vía pública (notorio ejemplo es el caso de Carla Lacorte, estudiante universitaria, que fruto de este accionar quedó en una silla de ruedas).

La inhabilitación por 5 años significa que pasado ese plazo podría volver a ser un funcionario público y portar un arma.

Al considerar que Chocobar al disparar a un ladrón que huye, actuó cumpliendo su deber, se ha legitimado el accionar del “gatillo fácil”, se legaliza el disparo en plena calle para detener a un delincuente.

A pesar de que Alberto Fernández derogó el protocolo policial, dictado por Patricia Bullrich, para el uso de armas de fuego que habilitaba a los agentes a disparar para impedir una fuga, conocido con el nombre de “doctrina Chocobar”, con este fallo ha sido revalidado en los hechos.

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