En una ciudad judicial colmada de luchadores adentro y afuera de la sala, el tribunal condenó a prisión perpetua a los siete policías acusados de desaparecer y matar a Daniel Solano, el joven trabajador rural que había llegado de Tartagal, Salta, para trabajar en el valle medio de Río Negro para la multinacional Expofrut a través de la tercerizada Agrococecha.

Daniel fue visto por última vez durante la madrugada del 5 de noviembre de 2011, mientras era sacado por los policías del boliche Makuba, en la ciudad rionegrina de Choele Choel. Poco antes de su crimen, Daniel había denunciado la existencia de fraudes laborales, problemas salariales y condiciones paupérrimas de los alojamientos de los peones. Sin embargo, el fallo de los jueces dejó de lado este vínculo. El armado del juicio siguió este criterio: ninguno de los empresarios involucrados estuvo sentado en el banquillo de los acusados. 

Desde la justicia y la policía –que investigaba su propio crimen– intentaron tejer la “hipótesis” que ubicaban a Daniel en Neuquén o incluso en Salta, pero la aparición de los primeros testigos puso de manifiesto que su desaparición fue forzada. Los abogados de la familia comenzaron a desnudar lo que ocurre en el valle medio de esta provincia y en la provincia toda, la trama de superexplotación laboral y la trata de personas que sufren miles de trabajadores por parte de los empresarios que utilizan a la policía como mano ejecutora de los aprietes, golpizas y muerte en un negocio que mueve millones, siempre bajo el ala protectora de la justicia y la mirada silenciosa y cómplice del Estado. El entramado empresarial-estatal detrás del crimen siguió operando a lo largo del juicio, mediante apretadas y amenazas a testigos y periodistas.

Los jueces expusieron durante cinco horas su análisis de las pruebas presentadas por la querella y la defensa. Fueron concluyentes en señalar que, aunque el cuerpo no haya aparecido, lo expuesto por los abogados querellantes, sumado a las declaraciones de los testigos que vieron como Daniel era sacado, golpeado y desaparecido, era suficiente para deducir que a Daniel lo mataron y que los culpables estaban en el banquillo. Los jueces, sin embargo, no consideraron necesario dictar la prisión preventiva y los policías quedaron en libertad hasta que la sentencia quede firme. Debemos mantenernos alertas y movilizados para evitar que esta lucha concluya en la impunidad de los condenados.

La lectura de la condena generó el aplauso del público, dentro y fuera de la sala, que saludó el fallo con cánticos contra la fuerza policial, la cual no tardó en desplegar su fuerza de choque dentro de la sala para disipar la alegría y euforia desatada de quienes acompañamos esta lucha desde el inicio.

Se encontraban presentes familiares Matías Casas, Brian Hernández y Luciano Arruga, muertos por la policía; de Carlos Painevil, taxista y bombero de Allen aún desaparecido; el padre de Sergio Avalos y la hermana de Esteban Machuca, obrero rural desaparecido en La Pampa oriundo de General Godoy, Río Negro, entre otros. También acompañaron la lectura de la sentencia referentes de Madres de Plaza de Mayo; gremios como Aten, CTA, Unter y Ceramistas; así como partidos de izquierda –entre ellos Raúl Godoy (PTS), Angélica Lagunas (IS) y los dirigentes del Partido Obrero de Neuquén, Patricia Jure y Pablo Giachello.

Se cierra así un juicio que fue producto en gran parte de la movilización de los familiares que desde el inicio no se resignaron a buscar a Daniel, con su padre Gualberto a la cabeza, y que fueron acompañados en todo momento por amigos, organizaciones sociales, de DDHH y por los partidos políticos que defendemos a los trabajadores.

Queda abierta la lucha para llevar a juicio a cada uno de los responsables materiales que aún no fueron a juicio y los responsables intelectuales de este crimen contra el movimiento obrero.

Exigimos la aparición del cuerpo de Daniel.

El Estado es responsable.

Daniel Solano Presente. Ahora y siempre.