El juicio a los siete policías acusados de desaparecer forzadamente al obrero rural Daniel Solano en noviembre de 2011 (tras las denuncias de este por un fraude laboral) continúa su curso.

En las recientes audiencias se pudo constatar la continuidad del pacto de silencio y de las acciones de amedrentamiento por parte  de los policías imputados, funcionarios judiciales y empresarios, con declaraciones de testigos plagadas de inconsistencias. Pero también surgieron nuevos elementos que avalan la denuncia de las organizaciones populares contra esta asociación delictiva que sigue operando.

5 y 7 de junio: testigos y arbitrariedades judiciales

El encono de la justicia de Fiske Menuco (General Roca) contra la familia de Daniel Solano se vio en el trato que propiciaron a una testigo presentada por esta querella, que al no poder confirmar su primera declaración quedó demorada por falso testimonio -algo que no ocurrió cuando testigos presentados por los abogados de los policías se encontraron en esta situación.

Cuando una testigo afirmó que vio a Tomás Vega -policía que no está siendo juzgado, pero que ya había sido señalado por otros testigos- “sacar a un pibe de rulitos y cómo lo levantaba ‘como un papelito’”, el abogado de la familia Solano, Leandro Aparicio, pidió a los jueces que ordenen la detención inmediata de Vega. Estos insistieron en que ese pedido debe hacerse en el Juzgado Número 30 de Choele Choel.

Mientras que dos testigos presentes en el boliche Makuba del que fue secuestrado Solano afirmaron no haber visto nada, y un policía que cumplía funciones dijo no conocer al acusado Pablo Berthe, hubo otros que señalaron contundentemente el crimen. Fue el caso de la cuñada Berthe, presente también esa noche en Makuba, que apuntó como dos policías sacaban a un hombre; y el de otra testigo, que afirmó que una amiga afuera de allí vio cómo se llevaban a Daniel y lo subían a un vehículo –y añadió que esa noche se hizo el “baile del cinto”, en el cual le pegaban a obreros rurales sobre el escenario y en el que participaba el DJ del boliche, actual concejal por el FPV en la ciudad de Darwin.

Por su parte, un bombero denunció haber visto una especie de “tumba” dentro de Curundú, un espacio perteneciente a la empresa Agrocosecha S.A., cuando asistió allí por un incendio, aunque no pudo presenciar qué hizo la policía cuando llegó allí.

Martes 12: contundentes declaraciones del abogado Sergio Heredia

El martes 12 declaró extensamente Sergio Heredia, abogado de la familia Solano que participó del caso desde la desaparición, investigando a los que investigaban. Heredia se refirió al inicio de la investigación como “un desastre”, y reseñó extrañas comunicaciones entre las comisarías de Choele Choel y Lamarque (donde se radicó la denuncia de Solano). Contó que en aquel noviembre tuvo reuniones con la jueza Bosco, quien le dijo que tenía “las manos atadas” –y hoy cuenta con un juicio político por la denuncia de ocho intendentes del Valle Medio. También de su reunión con el policía Héctor Martínez, en aquel entonces encargado de la investigación y hoy acusado por el delito, quien le señaló que “según su experiencia, Solano estaba muerto”.

Heredia contó de reuniones mantenidas por él en esos tiempos con Alberto Weretilneck (actual gobernador, en ese momento vice); la Defensora del Pueblo Ana Piccinini y el Senador Nacional del FPV Doñate; así como con el senador Miguel Pichetto y funcionarios de DDHH y de Seguridad del gobierno de enviados por CFK y Nilda Garré. Pese a que ya existía en Choele Choel una comisión que investigaba a los policías sospechados, y que Heredia les manifestó su hipótesis en el mismo sentido, ninguna de estas autoridades tomó medidas y todos mantuvieron a los uniformados imputados en libertad y en funciones.

El abogado mencionó también los jueces Burno, Bobrato, Soto y Martínez Vivot y al fiscal Flores; a la abogada de Agrocosecha Costanzo -quien también era funcionaria de la justicia en Choele y Lamarque-; a empresarios como los hermanos Lapenta y Mercado (dueños de Agrocosecha) y al director de Expofrut, Roa, hoy embajador argentino en Estados Unidos nombrado por el presidente de la nación Mauricio Macri.

Heredia fue contundente al afirmar que lo que se ha denunciado como “asociación ilícita” hoy está en funcionamiento: los empresarios captan obreros en el norte para traerlos al valle a trabajar superprecarizados para multinacionales (Expofrut) mediante tercerizadoras (Agrocosecha, después renombrada como Trabajo Argentino y luego como Servicio Agrario). En el transporte utilizado,

El Tucumanito, los obreros  que viajaban figuraban como turistas y no como trabajadores –y el abogado marcó que este es el mismo medio en el que se trafica la cocaína desde el norte hacia el valle.

El abogado también señaló que existen numerosos casos de impunidad policial en la provincia que muestran que la fuerza ha venido contando con el amparo de la justicia, y que en el juicio en curso se ha visto nuevamente este encubrimiento judicial a los uniformados, mano ejecutora y protectora de los negocios de los empresarios.

A poco de terminar el juicio, se ve claramente que la impunidad es este Estado -una conclusión de relevancia para el movimiento obrero que se organiza y lucha contra la explotación laboral y la represión.

TE PUEDE INTERESAR: IMPUNIDAD Y APRIETES EN EL JUICIO POR DANIEL SOLANO