El asesinato de Joaquín Paredes, en la madrugada del domingo 25, a manos de efectivos de la provincia de Córdoba profundizó la crisis que tiene a la policía en el centro de la escena. Es que se trata de la séptima víctima del aparato policial durante el aislamiento social, lo que demuestra un patrón de conducta que expresa una descomposición de largo alcance. Por los hechos sucedidos el pasado domingo en Paso Viejo hay siete policías que fueron puestos en situación pasiva, y cinco de ellos están detenidos. A la fecha son 21 efectivos imputados por gatillo fácil en lo que va del año.

Cabe señalar que Mariano, amigo de Joaquín, y una de las víctimas de la balacera policial, declaró a Cadena 3 que a los policías “se los veía como desacatados, chupados”. Hay testigos que dan cuenta que los efectivos estaban en estado de ebriedad. Vecinos afirman que los agentes compraron bebidas alcohólicas, y que “andaban en el móvil escuchando música con bebida”.

En la citada entrevista, Mariano afirmó que la policía ya venía hostigando al grupo de pibes. Es decir, la policía actúa agrediendo recurrentemente en Paso Viejo, y en cualquier punto de la provincia. Vale recordar las imágenes del “abuso” policial y amenazas con armas de fuego en Bell Ville, o en Alta gracia.

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En este marco, el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, realizó declaraciones con las que puso su renuncia a disposición del gobernador, y al día siguiente presentó un protocolo para “reafirmar” lo que ya se dicta en la formación policial.

El protocolo define que se podrá usar un arma de fuego para preservar vida de una persona, y se prohíbe disparar contra vehículos en movimiento y personas que se encuentren produciendo daños.

Vale recordar que tras el asesinato de Franco Amaya, ocurrido en el verano del 2017, ya se hablaba sobre la reglamentación del uso de armas de fuego en controles policiales. Años después se vio que no surgió efecto, con el asesinato de Blas Correas. Además, en ambos casos, los policías ya tenían antecedentes y causas abiertas en la Justicia, sin embargo siguieron en circulación. La responsabilidad política del Tribunal de Conducta Policial salta a la vista.

A días del crimen, el ministro no condenó el parte policial, que pretendía instalar la teoría de que hubo un enfrentamiento. Algo recurrente en este tipo de casos. Meses después del crimen de Blas Correas, Córdoba vuelve a conmoverse por un nuevo gatillo fácil, y la policía, para encubrir el crimen, pretende ensuciar a las víctimas.

Además, Mosquera miente cuando dice que “todo el personal que ha pasado por la escuela de suboficiales y oficiales, sabe que el arma es un recurso extremo, que solamente puede ser accionado en caso de riesgo inminente la vida del personal policial y de terceros”. Porque en todos los casos de gatillo fácil no había riesgo para los policías. El uso de armas, y el uso desmedido de la fuerza en la represión por parte de la policía provincial, es moneda corriente en la represión a la protesta o en los desalojos de tierras.

Para citar un ejemplo del encubrimiento del ministro es suficiente mencionar con que dispararon contra los pibes de Paso Viejo en las vísperas de que se cumpla el séptimo aniversario del asesinato de Jorge Reyna, quien tenía 17 años, lo mató la policía y hay pruebas que indican que  sufrió torturas. El crimen esta impune debido a que la fiscal Paula Kelm archivó la causa en diciembre de 2019, aduciendo que una muerte de etiología dudosa.

La (in)justicia del gatillo fácil

Hay policías del gatillo fácil porque hay un Poder Judicial condescendiente y cómplice con los asesinatos, por eso no es errado afirmar que se trata de crímenes de Estado. Además, en caso de que los policías responsables lleguen a juicio las condenas no se condicen con la gravedad de las atrocidades cometidas.

En ese sentido, un informe publicado por Comercio y Justicia afirma que “sobre un relevamiento realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de Córdoba, muestra que en los últimos seis años se sustanciaron en Córdoba 54 causas por violencia institucional, de las cuales sólo 23 llegaron a juicio. De 169 imputados, apenas 16 recibieron una sanción de prisión”.

“Dicho relevamiento demuestra que los malos tratos de las fuerzas de seguridad no se circunscriben a los lugares de encierro sino que también ocurren en plena vía pública. Otro dato revelador es que 75% del total de condenas es de ejecución condicional”, afirma la citada fuente.

El gobierno del PJ coincide con Berni y Bullrich

De todas formas, el ministro de Seguridad admitió que “está severamente cuestionado el accionar policial, desde la fijación de medidas estratégicas que dependen del Ministerio de Seguridad se han tomado medidas de todo orden; incluso está concluido un nuevo protocolo de uso racional de la fuerza […] para reafirmar lo que toda las asignaturas de las Escuelas de Policía determinan, que es el uso racional de la fuerza como último extremo ante una situación de riesgo para sí o para tercero. Para incorporar armas de baja letalidad y elementos de disuasión no letales”. Mosquera coincide con Bulrich y Berni en la promoción de las pistolas Taser, “menos letales”, pero letales al fin.

La responsabilidad política del ministro de Seguridad es manifiesta, la puesta a disposición de su renuncia pone el centro de la cuestión en Schiaretti, quien volvió a hacer silencio y lo mantiene en el cargo. Es claro que si Mosquera no se va es porque lo banca el gobierno del PJ.

Vale traer a colación la suerte que tuvo en el cargo el ex secretario de Seguridad de la provincia, Diego Hak. Sucede que salió eyectado del cargo luego de que se conocieran denuncias y de que su padre, un asesor del PJ en la Legislatura y en el Concejo, haya estado sindicado con presuntas relaciones con el narcotráfico. Al año siguiente, el renunciante funcionario de seguridad fue en la lista sábana, y de ese modo consiguió fueros como diputado oficialista.

Gatillo fácil Nunca más

A la luz de los hechos y los antecedentes, la crisis policial es el emergente de una descomposición política cuya solución no es cuestión de protocolos. No se trata de casos aislados en donde habría responsabilidad individual, producto de una falta de protocolos, ni de una falta de democratización de la fuerza. El pez se pudre por la cabeza.

El pueblo cordobés debe sacar las conclusiones de la etapa y, junto a la movilización reivindicativa, debe encarar la lucha contra la impunidad de un aparato policial descompuesto, que no admite una reforma.

Es necesario apoyar masivamente la convocatoria virtual pidiendo justicia para las 19 horas de este martes 27, y sumar esfuerzos para que lo sucedido no quede impune.

Para terminar con la impunidad es necesario un curso de acción independiente, de ese modo se hizo caer la teoría del enfrentamiento en el caso de Joaquín, y en esa perspectiva se debe seguir para construir una movilización popular que consiga juicio y castigo, y para hacer realidad la consigna de “Gatillo fácil nunca más”, en ese sentido, es necesario desmantelar el aparato represivo.

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