La Justicia es parte de un operativo estatal de impunidad para impedir que el jefe del ejército César Milani se siente en el banquillo de los acusados por la desaparición del soldado Alberto Ledo, durante la dictadura. El último episodio de la saga se produjo la semana pasada, cuando el fiscal Gustavo Gómez -que reemplazaba al fiscal Carlos Brito, de licencia- fue apartado de la causa con premura en el momento en que analizaba el pedido de los querellantes de llamar a indagatoria a Milani. No sólo eso: el abogado defensor del militar denunció penalmente a las tres abogadas que representan a la familia Ledo en la querella por amenazas e intimidación de un testigo, causa que de prosperar podría determinar que les quiten las matrículas e impedir, de este modo, su participación en el caso.

 

El carácter político del apartamiento del fiscal Gómez -decidido el juez Daniel Bejas, que entiende en la causa- es notorio, ya que no sólo fue apartado en un lapso de seis horas de la causa Milani, sino también de la que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del actual ministro de Salud Juan Manzur, otra sobre corrupción en Yerba Buena que involucra al intendente Daniel Toledo y una más que indaga sobre manejos irregulares de fondos públicos en Montero, en el que están sospechados el intendente Alberto Olea y su esposa, la diputada nacional María del Carmen Carrillo. Todo un operativo de impunidad estatal llevado adelante por sus elementos judiciales.

 

“Están protegiendo a Milani”, dijo a este cronista Graciela Ledo, hermana del soldado desaparecido en 1976. Las abogadas Adriana Mercado Luna y Viviana y María Elisa Reinoso fueron denunciadas penalmente, luego de que solicitaran por tercera vez la indagatoria del sospechado militar. “Toda la carga de la prueba indica que Milani debe declararar”, señala Mercado Luna. “Por otro lado, toda la prueba fue presentada por la querella -agrega Ledo-, mientras la fiscalía no hizo ningún aporte”. Una línea de acción repetida: el fiscal Pablo Camuña, designado por la procuradora Gils Carbó, había recomendado en un primer momento que se archivara la investigación sobre Milani, pero la Cámara hizo lugar a la apelación planteada por la familia Ledo y se tuvo que reabrir el expediente. Las denuncias en La Rioja por otros casos que involucrarían a Milani no avanzan debido a la inacción de la Justicia. Mientras tanto, la acusación por “amenazas e intimidación” sobre un testigo -que había sido acusado por la querella por falso testimonio- muestra el armado que los defensores de Milani están dispuestos a llevar adelante para cumplir sus objetivos.

 

La cerrada defensa del cuestionado militar -un especialista en inteligencia y que multiplicó el presupuesto de ese área en el ejército- tiene un carácter estratégico para el gobierno kirchnerista, que no duda en tirar por la borda el “relato” sobre su defensa de los derechos humanos al impedir que se juzgue a un probable participante del genocidio de la dictadura. Los episodios recientes indican que el oficialismo usa todo recurso estatal para proteger a Milani de la investigación de los hechos del pasado.