La sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó este jueves los procesamientos con prisión preventiva de siete policías por el crimen de Lucas González, el joven de 16 baleado por policías de CABA en Barracas en noviembre pasado. Según lo que informaron, habían aportado “información falaz” y privaron ilegalmente de la libertad a la víctima y a sus amigos. Se trata de un comisario inspector, un comisario, un subcomisario y cuatro oficiales (Télam, 10/2).

El fallo de la Sala 4 de dicha Cámara recayó sobre los policías Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidón, Daniel Rubén Espinosa, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos, Rodolfo Alejandro Ozán y Daniel Alberto Santana.

Luego de imputar en diciembre a los tres acusados por probar que llevaron adelante un “procedimiento arbitrario e ilegítimo”, la Cámara aseguró que estos siete policías también estuvieron involucrados en la muerte de Lucas. “Supieron desde un principio que no había existido ningún enfrentamiento ni circunstancia alguna que pudiera justificar lo que habían hecho los integrantes de la brigada”, indicaron. Para los jueces, ellos también formaron parte de la maniobra de encubrimiento y actuaron de forma coordinada “para darle apariencia de legalidad al accionar” que tuvieron los agentes policiales aquel 17 de noviembre (TN, 10/2).

Hace apenas unos días, El fiscal Gómez Barbella solicitó que vuelvan a quedar detenidas las efectivas acusadas de encubrir a los presuntos responsables del crimen. Las policías Lorena Miño y Micaela Fariña habían sido liberadas hace apenas dos semanas por falta de mérito. Son las oficiales que intervinieron en un primer momento cuando los chicos les pidieron ayuda.

Además, la familia de Lucas informó que denunciará al juez del caso por prevaricato, es decir, por tomar decisiones arbitrarias. “Vamos a iniciarle una denuncia (al juez Del Viso) por prevaricato porque consideramos que todo estaba yendo a buen puerto y de repente hay cosas que no podemos dejar pasar o mirar hacia otro lado con las decisiones erróneas que está tomando”, aseguró Héctor González, padre de Lucas.

La decisión de la familia de Lucas se tomó luego de que la semana pasada el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 no diera lugar al pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien había requerido la detención de otras cinco personas por el encubrimiento del hecho. Gómez Barbella había pedido la detención del comisario mayor Fabián Lencina, a cargo de tres comunas de la Ciudad de Buenos Aires; las abogadas Verónica Gabriela Andraca, la abogada rubia que había sido localizada en el lugar de los hechos durante el período en que se considera que se intentó truchar la causa, y su jefa, Silvia Alejandra Ozón, a cargo de la División Legales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño; y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas (Página 12, 8/2).

La muerte de Lucas se suma a los decenas de miles de pibes baleados por la policía. El descontento social, la presión popular y lo enfrentamientos políticos entre Nación y Ciudad han llevado mucho más lejos de lo habitual la investigación sobre esta clase de crímenes. No es “una manzana podrida”. Es todo un régimen social de explotación, que se sirve de la violencia para regimentar y doblegar a los trabajadores.

Justicia y cárcel efectiva a todos los responsables del asesinato de Lucas González y su encubrimiento. Por la apertura de los libros de todas las comisarías y su control por comités de trabajadores y organismos de derechos humanos. Basta de gatillo fácil. El Estado es responsable.

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