Caso Maldonado: el juez Otranto acusa a las víctimas

La justicia pone patas para arriba la mesa que investiga el caso Santiago Maldonado. Cuando aún no hay ningún gendarme llamado a indagatoria por la muerte del joven de 29 años y la brutal represión en Pu Lof Cushamen, el juez Guido Otranto -que está a cargo de la investigación por la protesta previa realizada sobre la ruta 40, en Chubut- quiere llamar a indagatoria a Matías Santana, miembro de la comunidad mapuche, y al cantante chileno Nicasio Luna, presente en la protesta, como sospechosos de haber provocado heridas a los gendarmes Ernesto Yañez y Emmanuel Echazú.

Pasado en limpio: una criminalización de las víctimas. 

En una clara provocación, Echazú señaló en una entrevista con Clarín publicada el domingo pasado que si Santiago “se hubiera entregado, estaría vivo”. El cinismo del gendarme evita señalar que si no se hubiera llevado a cabo el brutal operativo represivo contra los manifestantes, Maldonado hubiera conservado la vida.

Escalada

Pero el avance de Otranto y las declaraciones de Echazú deben ser leídas al calor del mensaje de impunidad emanado desde las más altas esferas del poder político. Bullrich, que defendió cerradamente a la Gendarmería, le dio un espaldarazo también y "carácter de verdad" a la versión de la Prefectura sobre un supuesto enfrentamiento en el caso de la represión en Villa Mascardi, donde fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel y hubo otros heridos con balas de plomo. La vicepresidenta Gabriela Michetti se sumó a la defensa del accionar de los prefectos desde el programa de Mirtha Legrand.

El gobierno prepara una nueva escalada represiva con el burdo pretexto de la persecución al ignoto RAM -del que la propia Bullrich admitió que es una especie de nombre genérico- por medio de la Justicia Federal bajo “el artículo 213 bis del Código Penal, que tipifica 'otros atentados al orden público, figura similar al terrorismo”, con medidas de cárcel de 3 a 8 años.  

Este operativo concertado del gobierno, la justicia y las fuerzas represivas custodia los intereses capitalistas en la Patagonia y reprime el reclamo de tierras de los pueblos originarios.

Otranto

Matías Santana es uno de los testigos de la comunidad mapuche que declaró en la justicia y Nicasio Luna es un cantante chileno, solidario con la causa, que se encontraba presente en la protesta. En un testimonio brindado a la televisión chilena, Luna dijo: “eran muchas balas, muchos insultos, no había un momento de silencio en el que no se escucharan los impactos. Eran más de cincuenta. Después de un momento arrancamos. Nos tiramos al río entre las ramas de los sauces, era bastante ancho, con cauce. Lo que gritaban era: ‘fuego limpio’”.

El juez Otranto es dueño de un prontuario: fue recusado de la investigación principal por la desaparición de Maldonado -cuyo cuerpo fue hallado el 17 de octubre- debido al pedido de la querella de la familia, dado que había manifestado su negativa a investigar a los gendarmes y había mostrado una parcialidad manifiesta contra los mapuche. Otranto no había ordenado el allanamiento de los regimientos sino hasta que hubieron pasado varios días después del 1 de agosto y, por el contrario, al allanar la comunidad Pu Lof mantuvo encintados y sin posibilidad de comunicarse a los mapuche que se encontraban en el lugar, a la vez que ordenó la única detención por el caso Maldonado: una mapuche que se había atrevido a faltarle el respeto, según señalaron en aquel momento fuentes judiciales.

Según Otranto, los gendarmes ingresaron al predio ocupado de Cushamen bajo la figura jurídica de “flagrancia”, figura promovida por el ministerio de Seguridad para proceder a la represión exprés de la protesta social. El juez encubre que los gendarmes actuaron más allá de la orden emanada de su juzgado, circunscripta al desalojo de la ruta 40. Una vez cumplida, la Gendarmería protagonizó un allanamiento ilegal y desató una cacería que le costó la vida a Maldonado.

El llamado a indagatoria de Santana y Luna se produce cuando ni siquiera se ordenó peritar los celulares de Pablo Noceti, jefe de gabinete del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que se encontraba en el lugar coordinando la represión.

Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Fuera Bullrich.