El gobierno eligió el día de ayer, cuando se cumplían dos meses del fusilamiento (impune) de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, para reforzar sus provocaciones contra los pueblos originarios: mientras el presidente proclamaba en Davos que “en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”, un abogado del Poder Ejecutivo presentaba en la Justicia una denuncia por falso testimonio contra los mapuches que atestiguaron contra Gendarmería en la causa por Santiago Maldonado. Según Clarín, ésta incluiría además a los abogados de la APDH. La ofensiva habría sido definida en los más altos niveles del gobierno nacional.

Para librar esta vendetta judicial, el gobierno aguardó el levantamiento de las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Desaparición Forzada de la ONU que instaban a esclarecer la desaparición de Maldonado.

Mediante esta maniobra, el macrismo pretende que el Estado sea ahora considerado por la Justicia como víctima de una campaña malintencionada y deslindar a la Gendarmería de toda responsabilidad. “Los testimonios –sostiene la presentación– fueron condición necesaria para la posterior construcción del relato por parte de determinados funcionarios judiciales, referentes políticos y miembros de organizaciones de derechos humanos, quienes no dudaron en calificar el ahogamiento accidental del señor Maldonado en el río Chubut como una desaparición forzada de persona” (La Nación, 25/1, itálicas nuestras)

A esta cloaca se sumó de forma entusiasta el principal operador mediático del oficialismo en la causa, Clarín. Por caso, mientras su corresponsal en Bariloche, Claudio Andrade, instaba por las redes sociales a “hacer la lista de integrantes de APDH y grupos Ultra K que llegaron a Cushamen a partir de las 13. En ese grupo están los autores intelectuales de la falsa Desaparición Forzada”, un editor del mismo diario tacha las denuncias contra Gendarmería como un “relato” con fines oportunistas, que procuró generar “conmoción social” y perjudicar al gobierno. Esto cuando aún no han concluido la instrucción de la causa ni la reconstrucción de los hechos, interrumpida por la feria judicial.

“Accidental” las pelotas

La acusación por “falso testimonio” contra los mapuches es un engranaje más en el operativo oficial de encubrimiento.

Está sobradamente probado que Gendarmería irrumpió a sangre y fuego y sin orden judicial en la comunidad mapuche de Cushamen, como sostienen un sinfín de testimonios y filmaciones. La declaración del payador chileno Nicasio Luna es un ejemplo concluyente. Luna relata que, estando con Santiago en el corte de la ruta 40, los gendarmes “disparaban escopetas y pistolas. En ese momento más de 50 avanzaron, una camioneta se nos venía encima a toda velocidad, quedé cerca de la guardia donde se refugiaban dos mujeres con niños”. Luego, los gendarmes cortaron el candado de la tranquera “y se lanzaron para apresarnos, por eso corrimos hacia el río Chubut porque no había hacia donde escapar”. En esa situación, narra el músico, “cuando llegamos al río la única opción de no ser capturado por los gendarmes era lanzarme al río y cruzarlo, a pesar de no saber nadar. Me ayudó sostenerme de las ramas de sauce, quedé agarrado hundiéndome a unos cuatro metros de la costa, en ese momento llegaron cuatro efectivos de Gendarmería y me vieron que estaba inmovilizado en el agua. Comenzaron a insultarme y a lanzarme piedras, y uno de ellos me apuntó con la escopeta que portaba, mientras el superior que estaba con los escopeteros le decía ‘fuego libre’, pero quien portaba el arma no lo quiso hacer o simplemente se le trabó” (Página/12, 21/01).

La denuncia del Ejecutivo irá a parar al despacho del juez Guido Otranto, quien fuera apartado de la causa Maldonado por parcialidad y fue quien ordenó el desalojo de la ruta 40 el 1 de agosto, cuando se produjo la cacería. Las responsabilidades trepan a la cúpula del Ministerio de Seguridad; en primer lugar, alcanza al jefe de gabinete de esa cartera, Pablo Noceti, presente en la región mientras se desarrollaban los hechos. La noche anterior, arengó a los gendarmes a escarmentar a los mapuches, cuyos reclamos chocan recurrentemente con los intereses de las mineras y petroleras y latifundistas de la Patagonia. En segundo término, involucra a la ministra Patricia Bullrich, quien se puso al frente del operativo de encubrimiento y negó la presencia de Noceti en el lugar.

La impunidad que busca el gobierno allana el camino para nuevas cacerías, como la que lanzó Prefectura en Villa Mascardi, asesinando a Rafael Nahuel. La presentación es, a su vez, una extorsión contra las víctimas de la represión para intentar amedrentarlas y forzar su silencio.

Exigimos enérgicamente que la denuncia contra los testigos sea rechazada. El gobierno y su Gendarmería deben rendir cuentas por su responsabilidad en el asesinato de Santiago.

Castigo a los culpables.