Luego de que el juez Gustavo Lleral planteara el cierre de la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado bajo el supuesto de que Santiago “se ahogó solo”, la sala III de la Cámara Federal de Casación ratificó por mayoría (2 a 1) la validez de las escuchas telefónicas de conversaciones de Sergio Maldonado, Andrea Antico y miembros de la comunidad mapuche. Las escuchas habían sido ordenadas por el primer juez que había atendido en la causa, Guido Otranto, y luego declaradas ilegales por Lleral.



Cuando el 1 de agosto familiares y abogado de derechos humanos denunciaron la desaparición de Santiago Maldonado en la fiscalía de Esquel, la causa cayó en manos de Otranto. En ese momento, Otranto, en lugar de impulsar la investigación sobre las fuerzas de seguridad que habían actuado en el desalojo de la Ruta 40 tras el cual se había perdido todo rastro de Santiago, dispuso que se intervengan las conversaciones telefónicas de su hermano Sergio, su cuñada y miembros de la comunidad mapuche, a la vez que los familiares de Maldonado se presentaban en la causa como parte querellante. Es decir, que el juez se ocupaba de espiar a los allegados de la víctima.

 

En el mes de marzo, luego de que el diario La Nacion publicara parte de esas escuchas que tenian secreto judicial (en las que se leía una discusión entre Sergio Maldonado y miembros de la comunidad mapuche), éstas fueron declaradas inconstitucionales por Lleral, y resolvió que las mismas debían ser destruidas. Para ese momento, las escuchas ya habían estado durante nueve meses al alcance del gobierno y se habían filtrado a la prensa a través de periodistas afines al oficialismo. Inmediatamente, el fallo de destrucción de las escuchas fue apelado por la fiscal Silvina Ávila, que lleva la línea investigativa y política que del gobierno. El gobierno las necesitaba para imputar a los mapuche.

Las escuchas no tienen ningún valor en la causa por el esclarecimiento de las responsabilidades de la muerte de Santiago Maldonado sino que solamente serán consideradas y manipuladas para inculpar a miembros de la comunidad mapuche, a quienes el gobierno, en una completa operación de inversión de los hechos, acusa de desviar y entorpecer la investigación. Acusa a miembros de la comunidad mapuche de mentir a la Justicia, cuando aún no habían siquiera declarado en la causa. Para llevar adelante esta maniobra, el gobierno pretende hacerse de conversaciones telefónicas privadas que mantuvieron con el hermano de la víctima. La mano del gobierno en el tema es directa: la ministra de seguridad Patricia Bullrich en persona demandó a la comunidad mapuche.

 

El aval judicial a las escuchas es una nueva ofensiva judicial y política, en la orientación de criminalizar y ensuciar a  la comunidad mapuche y a la familia de Santiago Maldonado.  La responsabilidad de investigar el paradero del joven desaparecido y muerto tras un operativo represivo recae completamente en el Estado, desde el momento cero del hecho. Si Santiago Maldonado estuvo 78 días desaparecido fue por responsabilidad de la Justicia que investigó a las víctimas y no a los responsables, porque se negó desde el primer momento que Santiago hubiera estado allí, porque se lo buscó en cualquier punto del país menos en el lugar de los hechos y porque se utilizó para teorizar contra la causa mapuche y sus reclamos, acusándolos de haber constituido una fuerza “terrorista” por denunciar el despojo de sus tierras y la contaminación y el saqueo de las mineras y petroleras.

Asistimos a una brutal ofensiva con intereses políticos: exonerar de responsabilidades a Gendarmería nacional y avanzar con un reforzamiento represivo en el sur del país.