El juicio por el asesinato de Rafael Nahuel se acerca a su definición y han comenzado las audiencias en que exponen sus alegatos las querellas y el Ministerio Público Fiscal.

El martes 7 tocó en primer lugar a Mariano Przybyksky, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, quien pidió que los efectivos de Prefectura imputados sean condenados a prisión perpetua, pero agregó que “se juzgan a cinco prefectos, con nombre y apellido, no a la policía, no a la Prefectura”, lo que es una absolución a las responsabilidades políticas de este crimen.

En la misma línea Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, insistió en que la condena sería “contra cinco individuos que tuvieron acciones ilegales amparados en la herramienta que le da el Estado ser parte de fuerzas de seguridad” (Diario Río Negro, 7/11). El funcionario hizo referencia al rol ejercido por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación bajo el gobierno de Macri, encubriendo la continuidad de una política represiva. Fue lo que al día siguiente refutó Rubén Marigo, en sus alegatos, quien recordó que el Comando Unificado diagramado en aquel momento entre Río Negro, Neuquén, Chubut y Estado nacional sigue vigente bajo este gobierno, que tampoco anuló la Ley Antiterrorista. Exigió que se trate el caso como de “violencia institucional”, donde encuentra paralelismos al terrorismo de Estado.

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Sebastián Feudal, querellante por la APDH, sumó la figura de “odio racial” para el prefecto Francisco Pintos, quien efectuó más de 72 disparos en aquella represión en Villa Mascardi. También pidió cadena perpetua para los cinco prefectos.

El miércoles 8 habló la madre de Rafael de cara al tribunal, con claras exigencias. En representación de la familia Ezequiel Palaveccino pidió perpetua y exigió que el “odio racial” sea ampliado como un agravante y se aplique a todos los integrantes de los Albatros.

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El Ministerio Público Fiscal, en cambio, sigue sosteniendo la teoría de que hubo un enfrentamiento, cuando en realidad fue un operativo represivo perpetrado desde el Estado, basándose en los testimonios de los Albatros sobre que “no hubo cacería”. Beyls Ruíz, el fiscal, solo pidió cinco años de cárcel y argumentó, mirando a la madre, que debe hacerse justicia y no venganza. La próxima semana será el turno de la defensa de los Albatros.

La versión del enfrentamiento acaba de ser nuevamente descartada por la inspección ocular, y los testimonios de miembros de la comunidad. Exigimos perpetua para todos los imputados y cárcel común sin privilegios, como sostuvo Graciela, la madre de Rafael Nahuel.

Memoria, verdad y justicia por Rafael Nahuel.

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