El 14 de marzo se cumplió el quinto aniversario del crimen de Diego Pachao, el joven que muriera luego de estar arrestado en la comisaria 7ª de la policía de Catamarca, de donde salió en estado de coma irreversible, producto la tortura impartida por los policías que se encontraban prestando servicio en la misma.

 

En la capital provincial, se desarrolló una movilización en reclamo de justicia.

 

La responsabilidad del Estado, más que evidente, se plasma también en el encubrimiento de la fuerza policial, pues todos los imputados siguen prestando servicios, jamás fueron pasados a disponibilidad como lo prometiera el gobierno “nac & pop” de la gobernadora Lucía Corpacci. De esta manera, se permitió que los propios imputados infundieran miedo a los testigos presenciales, compañeros ocasionales de Diego Pachao en el calabozo, quienes en primer lugar relataron los tormentos sufridos por el joven, y luego terminaron cambiando sus dichos.

 

El Poder Judicial, desde los albores de la causa, abona la teoría creada por las autoridades policiales, del homicidio preterintencional, haciendo recaer la responsabilidad en dos jóvenes perejiles, con quienes Diego y un amigo tuvieron un altercado callejero insignificante. Jamás tomó en cuenta que el médico policial que examinó a Diego, antes de ser alojado en la comisaria, no observó heridas de gravedad y tampoco  un estado de conmoción que lo llevara a las horas a tener una muerte cerebral.

 

La manipulación de la causa llegó al extremo de dejar “pudrir” parte del cerebro que daba cuenta de las lesiones sufridas por Diego, que no pudieron ser examinadas por los forenses, por el estado de descomposición, producto del “error” en conservación de los mismos. Queda claro la responsabilidad que le cabe en este al poder judicial.

 

Diego Pachao fue arrestado por averiguación de “actividades y medios de vida”, algo contenido en la ley Orgánica de la Policía provincial, dictada durante la última intervención federal de los ’90.

 

Fuimos, en este quinto aniversario, a la Cámara de Diputados reclamando la derogación del artículo 8 inciso “b” que, violando las garantías constitucionales, le permite a la policía privar de la libertad a cualquier ciudadano.

 

Dejamos en evidencia el carácter demagógico de los diputados representantes de los partidos del régimen, quienes habían tratado el artículo en cuestión. Pese a debates sobre cambios en esta norma, sigue manteniéndose la ley original. O sea, la conserva atribuciones para que en cada intervención en la barriadas periféricas se cree un verdadero Estado de excepción.

 

Seguimos en las calles luchando en contra de la impunidad policial que es amparada por el Estado, y seguimos reclamando que los policías involucrados sean condenados por tortura seguida de muerte, y no por la irrisoria calificación de vejámenes e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Seguimos luchando para que se haga justicia, para erradicar los tormentos de las comisarías y para el desmantelamiento de la fuerza represiva.