La tercera semana del juicio comenzó con el intento de la defensa de los policías acusados por privación ilegítima de la libertad, torturas seguida de muerte, esta nueva caratula forzó a los abogados defensores a comenzar con las maniobras, la primera de ellas fue el pedido de que el tribunal decline competencia y de que el juicio sea dirigido por un jurado popular. Otro de los abogados pidió que se envíen las actuaciones a la Corte de Justicia para que defina competencia, esto es parte de los métodos dilatorios y un intento de entorpecer el juicio, pero ambos pedidos fueron rechazados y el juicio continúa.

El juicio de Diego avanzará en una segunda etapa la cual se intenta sacar a la luz lo sucedido en la Comisaría 7°, en la jornada donde el joven perdería la vida a manos de los policías. Una parte fundamental del caso es que los policía detuvieron ilegalmente a Diego, pero apoyados en la ley anticonstitucional de policías de “Averiguación de Antecedentes y medios de vida”, Bulacios y Barreras están en el ojo de la acusación ya que todo indica que ellos lo detuvieron y siguieron las torturas en la comisaria, pero también la investigación demuestran que ningún policía que estuvo de guardia o que haya pasado por el interior de la comisaria podía ignorar lo que estaba pasando y que las torturas estuvieron aprobadas por los superiores de la comisaria. Las torturas y apremios policiales en esta comisaria son moneda corriente, lo que indica que en la jornada que mataron a Diego no llamaba la atención lo que sucedía.

El juicio como impugnación a un régimen político

En el juicio, antes del cambio de caratula, testifico el diputado nacional de JxC Rubén Manzi, en carácter de médico neurólogo el cual participo de una consulta del estado de salud de Diego después de las torturas en la comisaria. Lo notable es que el dirigente de la oposición no realizo declaración alguna sobre el caso, no impugno al régimen policial que mató a Diego y tuvo un silencio cómplice como dirigente político con la causa, mostrando que la oposición defiende el régimen policial que asesino a Diego.

En esta nueva etapa del juicio con el cambio de caratula, los abogados de la familia del joven piden que preste declaración la Senadora Nacional Lucia Corpacci, en aquel momento gobernadora electa de la provincia, ya que la ex gobernadora en el momento en el que Diego se encontraba hospitalizado se acercó al hospital y dialogó con Claudia Véliz, mamá de Diego, comprometiéndose de pasar a disponibilidad a los policías denunciados, cosa que nunca ocurrió. También se pide que pase a declarar el ministro de Gobierno y Seguridad de esta etapa Juan Pablo Morales, el comisario superior Juan José Palomeque. En conclusión la cúpula policial y política de la provincia en aquel momento.

El caso de Diego pone en evidencia la conexión entre el accionar criminal de una policía que atenta contra las condiciones de vida de la juventud de las barriadas más humildes y los que gobiernan para las mineras en un régimen de represiones y persecución a los luchadores. El caso de Diego pone en una misma línea la defensa de una fuerza policial con prácticas de la dictadura y el régimen político que utilizara esta fuerza policial para imponer a palos y balas el extractivismo mega minero.

Todavía queda al menos una semana más de audiencia y debates en la Cámara Penal N° 2, y en las calles esta causa cada vez gana más adherentes, más organizaciones nos sumamos a la lucha por juicio y castigo a los policía asesinos. Seguiremos en las calles luchando por justicia por Diego Pachao y en contra de un régimen represivo y violento.

https://prensaobrera.com/politicas/pacto-democratico