La reacción de los pobladores fue instantánea al conocerse la noticia de la detención de los compañeros. Comenzaron a convocarse frente a la comisaría de Tinogasta y frente a las respuestas de que allí no estaban detenidos, el clima se fue caldeando y, para evitar que se desencadenara una pueblada, tuvieron que hacer pública el lugar de detención y, horas después, liberarlos.

La noticia de las detenciones corrió como reguero en las redes transformándola rápidamente en noticia nacional. Simultáneamente, en varias localidades se convocaron asambleas públicas y concentraciones, como en la capital de Catamarca, en Tucumán, Córdoba, y hay previstas otras tantas en varias ciudades. Esta respuesta había sido acordada en la asamblea del Parlapueblos que el 19 y 20 de abril sesionó en Tucumán. Allí se había denunciado el acoso judicial y la amenaza de desalojo que estaban sufriendo los luchadores que desde febrero mantienen el corte selectivo en la ruta 60.

El gobierno de Cristina y el de Corpacci están ensañados con la lucha de Tinogasta, porque, al igual que en Andalgalá, se mantienen cortes que afectan el abastecimiento de la mina la Alumbrera, que si bien tiene otras vías de paso, el mantenimiento de los cortes es visto por las mineras como una señal de debilidad de los gobiernos y que, como ocurrió en febrero, si se bloquean los accesos por Santa María y Belén, estarían obligados a paralizar la explotación. Precisamente la represión que se desató en ese entonces estuvo dirigido a escarmentar a los pobladores, cosa que no ha ocurrido en Tinogasta donde el pueblo está de pie.

La próxima jornada nacional de lucha contra el saqueo y la contaminación de las megamineras tiene que servir, entre otras cosas, para dar una respuesta de conjunto a la política entreguista del gobierno nacional y los gobiernos provinciales.