Han pasado 15 años desde el fusilamiento de Carlos Fuentealba. El policía que jaló el gatillo fue condenado hace tiempo a cadena perpetua y está preso con privilegios, e incluso con alguna salida ilegal que quedó retratada en una foto que se hizo viral. Pero los demás jefes policiales y funcionarios del entonces gobernador Jorge Sobisch fueron absueltos hace unos años atrás en la llamada causa Fuentealba II.

Desde entonces las y los trabajadores de la educación reclamamos “justicia completa por Carlos”, es decir, entendiendo aquella represión como un crimen de Estado y por lo tanto imprescriptible, libramos una lucha que permita sentar en el banquillo a los jefes policiales y funcionarios absueltos y al mismo exgobernador Jorge Sobisch, que nunca fue imputado hasta el presente.

Quien era Ministro de Seguridad, Raúl Pascuarelli, presente en Arroyito dirigiendo todo el operativo y recibiendo y reportando al gobierno, murió impune el año pasado. En el año 2009, en un fallo que expresó la total impunidad sobre el caso, el fiscal Alfredo Velasco Copello pidió el sobreseimiento de todos los acusados, a excepción de Benito Matus, a quien acusó por dos hechos. Ese juicio contra el único policía acusado (quien fue filmado en Arroyito de civil disparando su escopeta contra autos y personas indefensas) nunca tuvo lugar, y, alegando la extinción de la acción penal, el policía Matus también fue sobreseído.

Tras años donde vivimos todas las chicanas legales presentadas por la defensa de los acusados, finalmente se logró revocar la absolución de la mayoría de ellos, y, en un nuevo fallo, el juez de garantías Lucas Yancarelli, a través de una audiencia de control de acusación, determinó que ocho de ellos irán a juicio oral. El policía Matus fue acusado por el fiscal jefe Breide Obeid de abuso de armas y lesiones leves. En tanto la querella acusó a cinco de ellos por abuso de autoridad y encubrimiento y a dos por encubrimiento agravado.

Estamos ante un gran paso adelante, sin dudas, producto de años en que las y los trabajadores de la educación no bajamos los brazos, como queda demostrado cada 4 de abril con el acto sobre la ruta donde cayó Carlos y la defensa del monolito en su memoria, que fue atacado más de una vez e incluso trató de ser removido por el gobierno con la excusa de la ampliación de la traza de la ruta.

“Justicia completa” es convocando a la movilización masiva

Lejos de promover la movilización del conjunto de Aten, que ha sido la garantía durante quince años para que la impunidad no pueda ser completa, la dirección Tep-Celeste de Aten no convocó a medida alguna para que la base pueda asistir a las audiencias, dejando el aguante en las puertas de Tribunales reducida a su propia dirigencia con licencia gremial.

Una actitud sectaria, restringida a los sectores políticos afines al Tep-Celeste. Lo cual sienta un mal precedente ante el nuevo manto de impunidad que sobrevuela la causa del triple crimen laboral por la explosión de la escuela de Aguada San Roque.

La lucha por justicia completa en estos y otros casos debe darse con participación también completa del conjunto del sindicato y los sectores populares, a través de una convocatoria pública. Esa será la política que desde las recuperadas seccionales de Capital y Plottier implementaremos para ello.

No damos por cerrada la impunidad penal de Jorge Sobisch. Cuando decimos “justicia completa por Carlos”, incluimos la lucha por sentar en el banquillo al exgobernador. Algo que el nuevo fallo no ha considerado siquiera, cuando todos sabemos que, como ocurrió con el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, se puede condenar a los autores intelectuales, aunque no hayan estado presentes en el escenario del crimen. Consideramos la elevación a juicio de estos ocho jefes policiales como un paso en ese sentido. Pero vamos por más, es lo que nunca dejaremos de hacer.

Un sobischista a Educación

Luego de perder la interna del MPN, el gobernador ha realizado cambios ministeriales. Entre ellos el retiro de la ministra de Educación, Cristina Storioni, que fue reemplazada por Osvaldo Llancafilo, un dirigente que proviene del sector del sobischismo dentro del partido oficial. La elección de Llancafilo bien puede ser la respuesta del gobernador a la elevación a juicio de los ocho policías.

El nuevo ministro de Educación es un declarado partidario y defensor de lo actuado por Jorge Sobisch como gobernador en relación a las represiones contra las luchas de las y los trabajadores de la educación. Siete años después del fusilamiento de Carlos Fuentealba, el nuevo ministro salió a justificar lo actuado por el gobernador Jorge Sobisch en su momento, diciendo en un comunicado que entregó a los medios: “Qué difícil para un gobernante garantizar el derecho de libre circulación de la mayoría silenciosa de los ciudadanos, si luego las minorías ruidosas condicionan las decisiones judiciales” (Diario Río Negro, 8/6/2014).

A lo que agregó, criticando a la querella legal contra la represión de los “cascos amarillos” y la liberación de la zona ordenada por Sobisch: “Estos extraordinarios hechos solo pueden darse por motivaciones políticas y personales contra Jorge Sobisch, las que -sin dudas- han sido premeditadas políticamente” (Idem).

La provocación del gobierno no puede ser mas elocuente. Pero también se trata de hacer pasar el ajuste del pacto con el FMI con un partidario de meter palos y balas contra los reclamos.

 

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