A la detención arbitraria de los 12 activistas ambientales en Andalgalá, en el marco de allanamientos irregulares y un proceso viciado de manipulaciones, se agrega el reforzamiento represivo del Estado, por medio de la presencia en la ciudad catamarqueña de efectivos del Ejército Nacional y un reforzamiento de la presencia policial y de grupos especiales de las fuerzas de seguridad. Un hecho que busca amedrentar y perseguir al movimiento de lucha contra la megaminería en Agua Rica.

La ciudad de Andalgalá se encuentra sacudida luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Mina declarara la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal que prohibía la actividad metalífera a cielo abierto en la ciudad, lo que reactivó los movimientos de las multinacionales extractivistas en Agua Rica y suscitó un crecimiento de la movilización que se realiza todos los sábados desde hace años, por el movimiento ambientalista, denominada Caminata por la Vida.

El 12 de abril la fiscal Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cesenaro ordenaron distintos allanamientos indiscriminados, en las casas de varios compañeros y compañeras ambientalistas y militantes, con un despliegue policial inusitado, a quienes les imputan una serie de supuestos delitos sin prueba alguna, imputándoles la destrucción de las oficinas de Agua Rica y de la sede del Frente para la Victoria.

En este marco, vecinos y vecinas denuncian el arribo de un camión con efectivos del Ejército y el reforzamiento del aparato represivo, con el pretexto de los controles sanitarios y las medidas ordenadas por el Ejecutivo nacional, pero que nadie ignora su verdadero propósito de disuadir al movimiento de lucha.

Pronunciamientos antirrepresivos y antimineros

Tras estos graves hechos, distintos sectores se han pronunciado por la liberación de todos los detenidos y contra este reforzamiento represivo al servicio de la megaminería.

Desde el colectivo “Ni Una Menos Catamarca” señalaron: “Nos pronunciamos en repudio a la criminalización, persecución y judicialización de lxs compañerxs defensorxs del agua que fueron detenidos hoy de forma arbitraria a lo largo del día en Andalgalá”. “Denunciamos a las empresas transnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont corp. accionistas del proyecto MARA, al Estado Provincial y el Gobernador Jalil, al Estado Nacional y el presidente Alberto Fernández, quienes pretenden instalar de forma forzada proyectos neoextractivistas que atentan, destruyen y desarticulan las economías locales, desplazan comunidades y saquean territorios”, agregan en un comunicado.

Desde el Clacso Grupos de Trabajo publicaron un pronunciamiento manifestando que “el pasado 10 de abril (…) la ciudad estaba ocupada por 300 efectivos de la Gendarmería Nacional y rumores de que la empresa minera intentaría subir maquinaria a la zona de mina”. Pasada marcha que se ha caracterizado históricamente como pacífica, “Con hipocresía y cinismo, el Gobierno condenó la ‘violencia’ y, acto seguido, desplegó un amedrentador operativo policíaco, militarizando el territorio, realizando allanamientos violentos e infundados en los domicilios de las familias y detenciones arbitrarias de históricos defensoras y defensores del agua y del Río Andalgalá”, denunciaron.

Reconocidas personalidades de los derechos humanos, como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, también han sumado su adhesión, en una carta abierta donde reclaman “la inmediata liberación de las personas detenidas, el retiro de las fuerzas de seguridad de la zona y el cese del hostigamiento a quienes defienden el medio ambiente, la salud y la vida. Asimismo, requerimos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de 11 años por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales”.

Fuera la presencia militar y el despliegue represivo de Andalgalá. Por la inmediata liberación de todos los detenidos y su desprocesamiento. Abajo la megaminería.