En un desenlace esperado pero no seguro, y tras movilizaciones en este sentido, la causa contra los trabajadores de Kimberly Clark por la toma de la planta papelera de Bernal -que había iniciado el apoderado de la empresa Nicolás Durrieu- fue finalmente archivada por la fiscalía actuante de la Unidad Fiscal de Quilmes.

Los trabajadores valoraron la noticia en sus redes, exigiendo junto a ello “que el gobierno deje de mirar para otro lado, hay una fábrica con toda la maquinaria para volver a ser una fuente de empleo” y señalando que “seguimos la lucha por la inmediata reapertura para volver al trabajo”

 

 

La denuncia se efectuó durante la lucha de los obreros contra el cierre y vaciamiento de la fábrica y tuvo como objetivo su desalojo, que finalmente se produjo a principios de diciembre pasado, cuando el conflicto llevaba 70 días.

En febrero de este año, habían sido citados a declarar los trabajadores que fueron identificados y demorados en el momento del desalojo, acompañados por una numerosa manifestación a la fiscalía de agrupaciones gremiales, movimientos sociales y partidos de la zona, dejando claro que no estaban solos ante la pretensión criminalizadora de la fiscalía.

Con la fábrica en manos de los denunciantes, con el trasfondo de la pandemia y la suma de futuros desocupados tras su final, la misma fiscal que ordenó su desalojo hoy estableció que “se procede al archivo de la presente causa y la destrucción del expediente en el 2030”, lo que significa el cierre de la causa y la extinción de la persecución penal.

La funcionaria judicial debió reconocer en su resolución “la coyuntura en la que se dieron los hechos de marra (…) la toma de una planta de producción, cuyo cierre aparejó la perdida de trabajo para una importante cantidad de familias”, aunque mantiene la consideración de “víctima” para la empresa Kimberly Clark, señalando que “las medidas adoptadas en autos [la orden de desalojo], pusieron con éxito fin al estado antijurídico, quedando reestablecidos los derechos de la víctima”.

Queda así en claro que toda la causa y las órdenes de la fiscalía fueron un instrumento de la patronal contra el legítimo derecho de huelga y de ocupación de su lugar de trabajo por parte de los papeleros, no teniendo como objetivo un fin de persecución penal sino la defensa de la propiedad de la patronal y sus intereses privados, a pesar de que los mismos implican la afectación del derecho al trabajo y el sustento de cientos de familias.