En una nota publicada por el diario Perfil (6/3), que reproduce extractos de un reportaje en Radio con Vos, César Milani, el milico preferido de Cristina Kirchner y exjefe del Ejército, se pregunta si “no tendríamos que pensar en reformar cuestiones que hacen a las garantías constitucionales”. Para suavizar este ataque a las libertades públicas, Milani- responsable de la desaparición del soldado conscripto Ledo en Tucumán- invoca el poder político y económico que hay detrás de las grandes bandas que manejan el narcotráfico. Aunque no explicita qué garantías serían las que deberían modificarse o eliminarse, para Milani el hilo debe cortarse por el recorte de las libertades públicas, y no nacionalizando los bancos que blanquean el dinero proveniente de las ganancias narcos, o de los puertos privados que son la vía de entrada y salida que utiliza el narcotráfico para mover con completa impunidad sus ilícitos en el negocio multimillonario de la droga.

Las garantías constitucionales, que Milani pone en cuestión, son aquellos mecanismos que establece la Constitución para proteger los derechos de las personas frente a las autoridades. Entre estas garantías se encuentran el hábeas corpus y hábeas data, las acciones de amparo y el conjunto los instrumentos jurídicos y extrajurídicos para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. En vísperas del 24 de marzo, y a cuarenta años del advenimiento de la democracia (fondomonetarista), Milani pide un virtual estado de excepción impuesto con la presencia de la Gendarmería y el Ejército en “operaciones” de logística y apoyo en las calles de Rosario. La violencia criminal del narcotráfico y los asesinatos brutales de los sicarios -que cuentan con la protección policial- son el pretexto “nacional y popular” para mutilar derechos constitucionales y militarizar los barrios populares rosarinos. Como se ve las loas al “modelo Bukele” son integrales y no se limitan a querer copiar las megacárceles de El Salvador donde toda denuncia de violación de derechos humanos es considerada un “acto de terrorismo” por la vigencia de la ley de excepción. Esta ley de Nayb Bukele autoriza las detenciones sin autorización judicial y las condenas sin el debido derecho de defensa.

Milani como exgrupo de tareas del ejército que operaba en Tucumán no ignora que el “modelo salvadoreño” tiene como fundamento un estado de sitio permanente donde están restringidos al máximo los derechos y libertades ciudadanas, es decir una virtual dictadura civil. La desnaturalización del 24 de marzo va más allá del intento de copamiento K de Máximo, Larroque y la Cámpora para quitarle a la jornada histórica todo contenido de lucha , reduciéndola a un acto electoral por la vuelta de Cristina al ruedo como candidata. Suele decirse que el ajuste no pasa sin represión y así es porque el huevo de la serpiente está dentro mismo del peronismo, y son los protegidos del kirchnerismo, los Milani y los Berni quienes fogonean las provocaciones antiderechos y negacionistas de la derecha de Juntos y los “libertarios”.

Para Milani, inundar Rosario con miles de efectivos pertenecientes a las fuerzas federales sería “un golpe de efecto”. En verdad, se trata de una puesta en escena porque hay una asociación directa entre las grandes bandas narcos y la protección, logística y armamento que les brindan las cúpulas de las “fuerzas de seguridad” y los políticos capitalistas. En un aparente deslinde con Patricia Bullrich, Milani repite la cantinela encubridora de que las Fuerzas Armadas no estarían “preparadas” para intervenir en las ciudades contra el narcotráfico, para luego aclarar que si se lo instruye el Ejército “podría hacer acciones de apoyo”. Es lo que dispuso Alberto Fernández enviando a Rosario y junto a los primeros efectivos de las “fuerzas federales” a la Compañía de Ingenieros del Ejército (de esta compañía salieron personajes tenebrosos como Galtieri y el propio César Milani). A días del 24 de marzo, el gobierno peronista blanquea a las Fuerzas Armadas mandándolas a Rosario para “socorrer a una ciudadanía que las necesita”. La llamada urbanización de los barrios populares, encomendada a la Compañía de Ingenieros, es el señuelo para que actúen los milicos en esta mezcla del viejo Operativo Dorrego (intervención del ejército en “tareas sociales”) y del Operativo Independencia (despliegue territorial de las FF.AA.).

Como Sergio Berni, ministro de “seguridad” de Kicillof, el cristinista César Milani se sube al barco derechista del presidente salvadoreño Nayyb Bukele. El derrumbe del kirchnerismo se mide también por su adaptación a la escalada de la oposición derechista y de los Milei que le marcan el paso. Pero además el “exitoso” modelo de Bukele es parte de una negociación de fuerza con los capos narcos de El Salvador y a su turno conducirá a un dar y barajar de nuevo en el reparto de los negocios mafiosos extorsivos y del narcotráfico. La desesperante situación que se vive en los barrios de Rosario requiere de una enérgica movilización popular por la depuración hasta el hueso de las fuerzas de “seguridad” que proveen de protección, armas e inteligencia criminal a las bandas narcos.

La estrecha relación entre las fuerzas de “seguridad”, el poder político y el narcotráfico es el retrato de un régimen capitalista en descomposición. Llamamos a marchar el 24 de marzo contra los genocidas y represores de ayer y hoy, y para denunciar esta connivencia criminal. La consigna del Partido Obrero “Fuera los políticos capitalistas” cuestiona a todo el régimen fondomonetarista, ajustador y represivo. La Argentina necesita una reorganización integral sobre nuevas bases sociales.

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