Este lunes 13 a las 9 h tendrá lugar una concentración en la comisaría tercera de Fontana, en la provincia de Chaco, para exigir cárcel a los policías responsables de las torturas, golpizas y abusos contra jóvenes Qom.

La movilización es convocada por familiares de los jóvenes y organizaciones solidarias, luego de que este viernes 10 los cuatro efectivos de esa seccional imputados fueran liberados por el poder judicial.

Se trata de los agentes que, en la madrugada del domingo 31 de mayo, ingresaron violentamente y sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio Banderas Argentinas, llevándose detenidos a cuatro jóvenes mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Trasladados a la comisaría, a los insultos se sumaron amenazas de muerte: “nos rociaron con alcohol y amenazaban con prendernos fuego”, declaró una de las jóvenes. Allí siguieron las agresiones, malos tratos, torturas y abuso sexual por parte de los agentes policiales (entre los jóvenes se encontraba una chica menor de edad).

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/gritaban-indios-infectados-los-vamos-a-acostumbrar-a-golpes-policias-torturan-y-abusan-sexualmente-de-jovenes-qom/amp/

El fallo del Juzgado de Garantías 3, que otorgó la libertad al oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera; además, modificó la causa, que pasó de imputación por privación ilegítima de la libertad a la de allanamiento ilegal en curso real con vejaciones. No fue incluido el abuso sexual, las torturas, los demás allanamientos ilegales que se hicieron y el resto de los policías involucrados. Decretada la resolución, el comisario Fernando Javier Romero, jefe de la Policía del Chaco, afirmó que los cuatro uniformados de la seccional Tercera de Fontana volverán al servicio activo y efectivo a partir del próximo lunes. Más allá que el gobierno emita un comunicado de que los policías no serán reincorporados, estos delincuentes recuperarán la libertad.

Los integrantes de la familia Qom ya habían recibido amenazas e intimidaciones por parte de la policía, en los días posteriores a las denuncias. Con la libertad de estos criminales, la familia teme por su vida y su seguridad.

Barbarie e impunidad

La liberación de los policías es un nuevo episodio de la política represiva del Estado en la provincia, blindada con impunidad. Una política que se vio en el reciente disparo policial por la espalda a un transeúnte; en las torturas que sufrió el joven Wichí de la guardia Washek -a quien mantuvieron tres días desnudo y colgado de un pasamano en pleno invierno-; en las represiones a las comunidades originarias en el interior que reclaman agua y comida. Ello por nombrar algunos casos que son de público conocimiento, ya que en la mayoría de estos hechos no hay denunciantes por temor a las represalias. Y que se integra en una avanzada represiva en todo el país, como muestra la desaparición de Facundo Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires, y el asesinato impune de Luis Espinoza en Tucumán.

La demagogia de los gobiernos nacional y provincial, que dijeron preocuparse por el hecho, contrasta con la cruda realidad: abandono de las comunidades originarias, sin alimentos, sin agua, reprimidas y abusadas; e impunidad para los represores.

El mismo Estado que garantiza la libertad a estos delincuentes es el que ha procesado a la médica del hospital Perrando acusándola de desparramar la pandemia.

Desde el Partido Obrero acompañamos la movilización y los reclamos de la familia y exigimos la cárcel para los policías responsables de los hechos de violencia y abuso ocurridos. Asimismo, demandamos la reparación a las víctimas, que se continúe con la investigación y la identificación de los otros agentes que intervinieron en los hechos y el cambio de carátula en atención a la integralidad de los hechos que se denunciaron (entre ellos, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual).

Hacemos responsables al gobernador Jorge Capitanich y a la intendenta Patricia Rodas de la localidad de Fontana por la integridad de las víctimas.