En el día de ayer se conoció una noticia que es la gota número un millón que rebalsa el vaso chubutense. En una provincia quebrada, con salarios adeudados, paritarias incumplidas y salud y educación derrumbados, el gobierno decide destinar 450 mil pesos en contratar un funcionario, a medida del ciberpatrullaje anunciado a nivel nacional, para focalizarse en detectar el modus operandi del activismo por el “No es No”: una de las consignas más populares de la provincia contra la megamineria. Aprovechan la regimentada cuarentena para avanzar contra las libertades democráticas.

En el boletín oficial provincial figura la contratación a cargo de la Subsecretaría de información Pública, para el “monitoreo de medios regionales, provinciales y nacionales” de José Luis Gaud, que dentro de su currículum online de Linkedin tiene como uno de sus logros haber desarrollado un “manual para interpretar cómo trabajan los activistas del NO A LA MINA”, además de describirse como diseñador de campañas políticas, de márketing y comunicación. Es decir, un combo perfecto para quien fuera consultor externo de la Pan American Silver dedicado a las actividades del Proyecto “Navidad”, un enorme negociado en la meseta solo frenado por las vastas movilizaciones populares.

Impunidad al servicio del espionaje

No es novedad en la provincia la persecución y la investigación de organizaciones sociales y activistas por parte del Estado. En 2015 estalló un escándalo provincial cuando salió a la luz el espionaje ilegal contra vecinos y activistas del movimiento No a la Mina y miembros de la comunidad mapuche, llevado adelante por fiscales provinciales, con intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (ex SIDE). Causa que sigue su curso aun cuando el Juez Otranto procedió a desvincular del proceso a 4 de los 5 procesados por el hecho, y que fuera convalidada tal decisión por la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.

También, en el 2015 fueron finalmente condenados dos ex jefes de la Armada por espionaje ilegal en la Base Zar de Trelew (Jorge Godoy y Benito Rótolo) con penas irrisorias y con absolución del resto de los involucrados. En 2006, Carlos Alegre, miembro de dicha base, denunció las tareas de espionaje que se hicieron desde los 90´ hasta ese año, dirigido a las organizaciones sociales, sindicatos, periodistas e incluso funcionarios provinciales y nacionales. 

El año pasado, Federico Massoni distinguió por su labor y trayectoria a Tito Nichols, ex comisario retirado, sindicado como uno de los responsables del secuestro y desaparición en la dictadura del militante comunista Ángel Bel y que por esa época se desempeñaba como Jefe del Departamento de Investigación Policial.

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La minería y el No es No

Año tras año desde el gobierno nacional y el provincial buscan artilugios legales y políticos para instalar la megaminería en la meseta, primero, y luego en el resto del territorio chubutense. Este año, incluso, se llegó al punto de que Alberto Fernández manifestara en conferencia que en Mendoza y en Chubut se había logrado instalar la megaminería. Su orientación de obtener dólares para el pago al FMI y los bonistas, a través del desastre socioambiental y la precarización laboral, fueron frustradas por las enormes movilizaciones de la provincia de Mendoza y el ya histórico rechazo chubutense. Sin embargo, el lobby minero, y la orientación nacional y gubernamental de avanzar, no se toman descanso. No solo por la amenaza de utilizar los subterfugios que puede presentar la ley 5.001 a través de la zonificación de la meseta, sino también por la gira del ministro Martín Cerdá a la feria minera PDAC 2020, junto a funcionarios de la Secretaria Nacional de Minería que preside Hensel y las grandes multinacionales. El último escándalo se dio por el permiso especial que se le dio a las empresas mineras que operan en Santa Cruz (Estelar Resourse SA, Yamana Gold y Newmont Goldcorp) para utilizar el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, en plena pandemia, poniendo en peligro a los propios trabajadores mineros y a la población local.

A los escándalos de las fuerzas represivas, los ataques del gobierno provincial y nacional debemos responder con la profundización de la organización de las y los trabajadores.

Fuera Massoni Fuera Arcioni ¡No es No!