El miércoles 15 de marzo son las primeras audiencias en la causa que lleva adelante el juez Gustavo Lleral bajo la carátula de “entorpecimiento de los servicios públicos”, por las manifestaciones en la ruta 3 luego de que la Legislatura, en mayo de 2021, descartara en una hora la segunda Iniciativa Popular (IP) con más de 30 mil firmas.

El proyeto, elaborado e impulsado por las asambleas de la UACCh tiene como objeto la prohibición definitiva de la megaminería, así como las etapas previas (cateo, exploración) de las que se valen las empresas mineras para penetrar en la provincia y profundizar el lobby. Es por eso que una Legislatura adepta a los intereses capitalistas se puso de espaldas al interés popular y, con argumentos irrisorios, descartó el proyecto.

Como alertara el movimiento ambiental, el rechazo a la IP tenía su base en la necesidad del gobierno provincial, nacional y la Legislatura de tener las manos libres para aprobar la zonificación minera, hecho que ocurrió ocho meses después. La enorme rebelión popular que resistió seis días seguidos de represión y ataques de todo tipo resaltan el arraigo popular de esta lucha y legitiman por completo las manifestaciones en defensa de la Iniciativa Popular.

La reciente autorización para comenzar la exploración de uranio da cuenta que los politicos capitalistas están dispuestos a masacrar a la población trabajadora, única forma que tendrían en la provincia de hacer pasar la megaminería despues del “Chubutazo”.

El desalojo de la ruta 3 fue un operativo represivo de cientos de oficiales armados hasta los dientes, a las 3 de la mañana, con la luz de la ruta cortada unas hora antes. Al frente del operativo estaba el propio Federico Massoni, en ese momento ministro de seguridad. Su orientacion fascistoide recibió un golpe en las elecciones cuando fuera candiato por el oficialismo. Ahora recibió el rescate de la UCR – Juntos por el Cambio que lo candidatearon a intentente de Trelew: todas las fuerzas políticas del régimen comparten la orientación represiva y de criminalización de la protesta como forma de hacer pasar el ajuste fondomonetarista y el saqueo del país.

Es por esto que tanto en Chubut, donde se condenó al ex secretario general de Atech (sindicato docente), y se imputaron a 24 vecinxs por el “Chubutazo” entre una larga lista, como también en el resto del país, cientos de luchadores enfrentan causas de todo tipo, como las mujeres mapuche apresadas brutalmente, aun detenidas en domiciliaria. En cambio, a los represores y saqueadores se les garantiza impunidad.

El próximo 23 de marzo está en juego la sentencia de los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz por luchar contra la reforma jubilatoria macrista, la antesala del cada vez mayor robo a los jubilados.

Mientras desde el oficialismo nacional se intenta convertir el 24 de marzo en un escenario de disputas electorales, desde los diferentes movimientos de lucha debemos impulsar una jornada con completa independencia de los gobiernos provinciales y nacional, responsables de la represión y la criminalización de la protesta en la actualidad.

El 15 de marzo comienzan las audiencias. Es necesario salir a las calles para exigir el cese de la persecución.

Vamos por el sobreseimiento inmediato a lxs 23 y al conjunto de los imputadxs y procesadxs por luchar.

Luchar no es delito.