Gustavo Lleral abrió nueva causa, en la justicia federal, a raíz de las movilizaciones antimineras durante mayo de este año en Trelew, Rawson y Puerto Madryn, frente al no tratamiento de la Iniciativa Popular por parte de la legislatura provincial.

“El juez Lleral, a quien conocemos por su rol en el caso de Santiago Maldonado, abrió una causa federal contra luchadoras y luchadores por manifestarse en las rutas de la provincia, contra lo que fue significó un nuevo bastardeo de la legislatura provincial hacia la Iniciativa Popular que reunió más de 30.000 firmas de vecinos y vecinas de Chubut. Entre ellos está mi compañero Santiago Vasconcelos, que es docente, parte de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn y militante del Partido Obrero. Señalamos también que el ministro de Seguridad Federico Massoni, en una conferencia de prensa luego del violento desalojo que realizó en la Ruta 3, mencionó especialmente al Partido Obrero como una de las organizaciones que participaban de la protesta, no nos parece casualidad. La justicia federal y Massoni trabajan en tándem, al servicio de los intereses de las petroleras, las mineras y los grandes empresarios de la provincia”, denunció Gloria Sáez, candidata a senadora nacional por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad en Chubut.

Esta criminalización de la lucha ambiental va en el mismo sentido del repudiable fallo que condenó a cárcel efectiva César Arakaki, militante del Partido Obrero y a Daniel Ruiz del PSTU, que es candidato de nuestra lista en Chubut, por movilizarse junto a 300.000 personas en diciembre de 2017, contra el paquete de reformas que impulsó el macrismo tras ganar las elecciones legislativas. Macri solo logró aprobar la reforma previsional, con el apoyo de un sector del peronismo, fue frenado por una reacción popular e incluso la rebelión de sectores del movimiento obrero que rebalsaron la contención de la burocracia sindical peronista, como la CGT. Ahora, quien festejó este fallo y lo denominó “ejemplificador” fue la derechista Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, el partido de Ignacio Torres. Y por otro lado, aquellos que se jactan de apoyar los reclamos populares y que se presentan como la alternativa para enfrentar a la derecha, han hecho silencio de radio.

Sáez señaló que “no escuché a Linares ni a Papaiani (candidatos a senadores por el FdT) decir nada al respecto, menos apoyar a quienes se movilizan en Chubut contra la megaminería y el ajuste. Esto es porque tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos van hacia un acuerdo con el FMI, que pide más saqueo ambiental y extractivismo para garantizar los dólares necesarios para pagar, además de reformas estructurales como la reforma laboral y tributaria, o como aquella que enfrentamos en 2017, que significó un robo de 100.000 millones de pesos contra las y los jubilados”.

Las imputaciones del juez Lleral cobran mucha importancia por su intento de criminalizar la protesta social; pero además es un acto de prevención porque el Estado es consciente que deberá enfrentar nuevas y reforzadas luchas ya que “tras las elecciones, van intentar avanzar nuevamente con la megaminería, por eso persiguen y criminalizan a las y los luchadores populares, y al Partido Obrero, que apoya activamente en las calles esta lucha” (Gloria Sáez).

Repudiamos la apertura de las causas en la justicia federal. Reclamamos el cierre de las mismas y la defensa incondicional del derecho a la protesta. Fuera la megaminería de Chubut.

Lleral acaba de agregar una razón más para que este 14 de noviembre votemos al FIT-U contra el ajuste, el saqueo ambiental y la represión en Chubut.