El martes 17 de septiembre se inicia el juicio oral por daños hacia el diario El Chubut el 20 de diciembre de 2021, en la ciudad de Trelew, en pleno Chubutazo contra la ley de zonificación minera.

Se trata de principio a fin de una causa armada. Algunas de las pruebas contra los vecinos, aceptadas por el juez Richieri, son filmaciones de policías de civil infiltrados en las movilizaciones. En el caso de uno de los vecinos acusados, Marcos Antonio Willipan, militante del MTE, la filmación obtenida por los infiltrados lo demuestra simplemente caminando por la vereda de enfrente al Diario El Chubut. Con pruebas como esta es que la justicia imputó a Marcos y a tres vecinos más por “daños e incendio”, en concurso real, de acuerdo a los artículos 183, 186 inciso 1 y 55 del Código Penal, en carácter de coautores.

Frente a esta nueva ofensiva, el movimiento de lucha realiza un acampe en Trelew, en apoyo a los vecinos acusados, con festivales, exposiciones y actividades para informar y reforzar los lazos de solidaridad entre la comunidad chubutense, protagonista de la histórica lucha de 2021. 

Esta nueva causa armada se inscribe en una larga saga en Chubut, que incluye desde la criminalización y condena de dirigentes sindicales docentes y estatales como Santiago Goodman y Estela Juárez por la lucha contra los incumplimientos salariales de Arcioni en 2019; nuevos juicios contra Daniel Murphy y Carlos Magno en Comodoro Rivadavia, también por luchas de 2019, que comenzó este 13 de septiembre; juicios vinculados a luchas socioambientales como la causa del juez Lleral contra los vecinos que defendieron la Segunda Iniciativa Popular en mayo de 2021, entre quienes está Santiago Vasconcelos, actual diputado provincial del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad; la causa contra los vecinos del Chubutazo, donde la jueza Martini aceptó la suspensión del juicio a prueba para la mayoría de los vecinos acusados, lo que le valió interpelaciones directas del gobernador Torres: “Si la jueza tiene miedo, que se consiga un perro”. Y además, un proyecto de resolución plagado de falsedades, votado a favor por todos los bloques políticos salvo el Frente de Izquierda, donde se repudia el fallo de la jueza.

Todas estas causas y la campaña de criminalización impulsada por la justicia, que responde al poder político, tienen el mismo objetivo: disciplinar a la población que lucha o por sus salarios o en defensa del agua y los territorios.

Esta seguidilla de juicios y causas a esta altura del año coincide con la reciente adhesión de la legislatura de Chubut al Rigi (donde todas las fuerzas políticas, salvo el Frente de Izquierda Unidad, tuvieron diputados que dieron su voto, como los casos de Mariela Williams por el PJ y Daniel Casal por Familia Chubutense), un nuevo intento de levantar la tranquera para la entrada de la megaminería y para profundizar el saqueo petrolero, energético, etc. Esto se enmarca en una situación donde Milei y los gobernadores buscan profundizar el saqueo de los territorios en función de la obtención de dólares para acumular reservas y pagarle al FMI.

Es por ello que estas causas son señales inequívocas por parte del poder político y la justicia, con el objetivo de brindar “seguridad jurídica” para los capitales que deseen realizar nuevas inversiones y para que aquellos que ya están las mantengan.

A su vez, la construcción de “minorías violentas”, como la campaña plagada de mentiras del vicegobernador Menna y los diputados Aguilera y Juncos, contra los vecinos, incluidos comunicadores sociales, que se movilizan y los interpelan, busca negar el carácter popular de las movilización y pavimentar el terreno para futuras represiones y la violencia desde el Estado. No es casual en este contexto que el diario El Chubut haya vuelto a utilizar en sus editoriales el término “ecoterrorismo”, al mismo tiempo que milita el proyecto “Calcatreu” en Río Negro y el “hallazgo” de oro y cobre en “Sacanana 2”, en el departamento de Gastre.

En esta nueva causa, lejos de estar en juego la libertad de expresión de un medio que ha sido, es y será rabiosamente prominero, lo que está en juego es la libertad de la población a levantarse y alzar la voz contra las nuevas ofensivas extractivistas que vendrán.

“Ningún vecino a juicio por defender el agua” es la consigna de la hora.

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