El gobierno provincial de Mariano Arcioni ha montado una causa judicial contra cuatro trabajadores docentes y estatales, entre ellos el secretario general de la Atech Santiago Goodman, quienes participaron de una manifestación afuera de la Legislatura el 17 de septiembre de 2019, cuando durante el acampe estatal se conoció el fallecimiento en la ruta de las compañeras docentes María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, volviendo del Plenario Provincial de Delegados de Atech en Rawson.

En ese plenario los trabajadores habían votado volver a las ruta porque después de casi dos meses de lucha, el gobierno continuaba sin pagarles el salario ni rehabilitar la obra social, lo cual persiste hasta el día de hoy y por tiempo indeterminado. Bajo el llamado “pago escalonado” se improvisa mes a mes las fechas de cobro con meses de atraso, después de garantizar al día el pago de la deuda usuraria y fraudulenta que tiene la provincia.

Las protestas, por ese entonces, estaban precedidas por paros y movilizaciones reclamando el pago en tiempo y forma de los haberes, el funcionamiento pleno de la obra social y un plan de infraestructura educativa.

Tan solo un mes antes, docentes de Comodoro Rivadavia habían sido desalojados violentamente de la ruta 3 y 26 por la patota de la burocracia sindical de Loma Ávila con la complicidad de Federico Massoni -en ese entonces jefe de Gabinete, presente en el lugar liberando la zona- que se ganó el repudio de una movilización histórica de más de 40.000 personas.

El malestar social sacudía a la provincia, con un sistema de salud colapsado y edificios educativos que se caían a pedazos y los reclamos salariales desoídos por completo, mientras en la Legislatura discutían el aumento de las dietas para la planta política.

La protesta del 17 de septiembre fue un hecho espontáneo: la concentración se volvió una pueblada que elevó la voz para reclamar ante el enorme dolor por la muerte de Jorgelina y Cristina. Aquella noche se montó una provocación, con gases, tiros, corridas y un operativo en manos del grupo Geop en Rawson. Esa misma noche las movilizaciones se multiplicaron con velas y antorchas en Comodoro, Esquel, Trelew, Madryn, entre otras ciudades.

El procesamiento de Goodman, Schierloh, Ancaleo y Castro ha sido reclamado por la fiscal Gómez y fogoneado por medios de comunicación ligados al gobierno, que pedían denuncias sobre los manifestantes para el armado de la causa. Finalizada la investigación preliminar Gómez pide 5 años de prisión por el delito de incendio y 3 años por el delito de daño agravado.

Los jueces actúan rápidamente para procesar trabajadores -en estos días también han sido procesados delegados de ATE por cortes de ruta- mientras el desalojo de 3 y 26 ha quedado impune. El marco legal tampoco es tomado en cuenta a la hora de incumplir con el pago en tiempo y forma.

Llamamos al cierre de las causas y a poner en pie un plan de acción en defensa del derecho a defender por nuestros justos reclamos. No a la criminalización de la protesta social. ¡Fuera Arcioni!