Este 25 de abril fue la lectura virtual de sentencia a Estela Juárez, exsecretaria regional de Atech Suroeste, y actual paritaria salarial provincial de los docentes acusada de luchar contra la falta de pago salarial en 2019.

En 2019, frente a la deuda salarial a los estatales -que llegó a ser de cuatro meses seguidos- los trabajadores docentes se organizaron realizando todo tipo de actividades en el marco de las grandes huelgas docentes por la falta de cumplimiento de la paritaria firmada en 2018.

Frente a la falta de pago salarial, con endeudamiento por parte del gobierno arcionista, una de las actividades con mayor convocatoria social fueron las panfletadas. Esto no es un dato menor: entre los piquetes y volanteadas, se generaron lazos de solidaridad de clase entre trabajadores. Tal es así, que las manifestaciones en la ruta nacional 26 de Sarmiento fueron sostenidas por trabajadores de vialidad con docentes, a la vez que trabajadores del petróleo se negaban a boicotear las propuestas. Este dato es significativo: la ruta es el acceso a las empresas petroleras, por lo que Arcioni ha colocado el Poder Judicial al servicio de los capitales instalados en la provincia.

La primera audiencia fue convocada el 14 de abril. Con paro docente de alto acatamiento en la provincia y con movilización al Juzgado Federal en Comodoro Rivadavia, tuvo que ser suspendida porque tenía modalidad virtual, aún cuando la jueza y la fiscal se encontraban en el edificio y las conexiones fallaban. La segunda audiencia ya fue presencial, una semana después, y se caracterizó por un fuerte direccionamiento por la jueza y la fiscalía a omitir y evadir la contextualización socio-económica de parte de los testigos, los limitaban a plantear si en ese momento la Atech contaba con asesoramiento letrado y si habían presentado a la Justicia la situación. Lo que sí cabe destacar es que durante ese período la Justicia hizo caso omiso a la situación salarial de los estatales, negando todo tipo de intervenciones, demostrando la no independencia de los poderes.

Además, hay que tener en cuenta que ese mismo septiembre, durante un piquetazo en rutas 3 y 26, las docentes fueron violentadas por parte de la patota de la burocracia petrolera de Loma Ávila, un aliado k, y con las rutas liberadas por el entonces Ministro Federico Massoni. Cuando debía ser interpelado en la Legislatura, el 17 de septiembre se suspendió la presentación y presentó un pedido de aumento salarial para el Gobierno. Esa misma noche, a la vuelta del Plenario Provincial de Delegados, fallecieron las docentes Jorgelina y María Cristina. Al día de hoy, esos hechos no fueron retomados por la Justicia. Este tipo de hechos fueron totalmente minimizados durante los interrogatorios.

La pena mínima solicitada por la fiscalía, de tres meses de prisión, fue concedida por la jueza federal Marta Yañez. Esto se alinea directamente con el uso del poder judicial, por parte del gobierno, para aleccionar. En 2022, la Justicia Federal condenó a Santiago Goodman, exsecretario general de Atech, a tres años de condena por la quema de Legislatura (durante la noche del trágico accidente de las docentes). En marzo comenzaron las audiencias a los 23 imputados por la defensa de la Segunda Iniciativa Popular, en estos días su situación legal cambió: el juez Federal Lleral, el mismo del caso Santiago Maldonado, abrió la causa finalmente y ahora tienen calidad de procesados.

El gobierno de Mariano Arcioni, el delfín patagónico de Massa, se ha caracterizado desde el 2018 a la actualidad por ser el mejor alumno de la agenda fondomonetarista. El ataque a los trabajadores estatales, con el pago escalonado, los salarios congelados o sin pagar, las paritarias a la baja, los cortes sistemáticos a la obra social, el incremento del presupuesto al aparato represivo y, sobre todo, los diferentes intentos de entrega y saqueo de los bienes y recursos en la provincia para los capitales extractivistas, han sido los principales lineamientos en las políticas de ataque a la clase trabajadora chubutense. Como ejemplo de patio de pruebas del país, la prioridad es el pago de la deuda, una deuda cuyos acreedores son desconocidos y que tampoco se ve reflejada su utilidad en la provincia. ¡Basta de pagar una deuda usuraria e ilegítima!

Urge que las centrales sindicales, como la Ctera, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, rompan la paz social y defiendan a los trabajadores criminalizados. ¡Vamos por la absolución y sobreseimiento de todos! ¡Basta de utilizar a la justicia para amedrentar y aleccionar! ¡Vamos con un plan de lucha con paros progresivos para poder lograrlo!