Se trata de un joven de 21 años, oriundo de la ciudad de Balcarce, que tras enterarse de que había sido rechazado por el Estado para la percepción del beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) manifestó en sus redes sociales su descontento utilizando el sarcasmo. Las fuerzas de seguridad, poco adeptas a las sutilezas del lenguaje, se apersonaron en su domicilio para tomar conocimiento de la persona e informarle de la apertura de una causa judicial bajo la calificación del delito de intimidación pública. Se trata de un nuevo avasallamiento del Estado y su aparato represivo que busca intimidar a la población consagrando el “delito de opinión” en tiempos de crisis.

El operativo fue realizado por efectivos de la SubDDI de Balcarce, quienes pusieron al joven a disposición de la justicia luego de la investigación de la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la GNA, cuya tarea es rastrillar las redes y medios sociales en busca de “palabras clave” que les permita identificar cualquier tipo de manifestación contraria al orden.

Tras el descontento originado por el rechazo a su solicitud del IFE, El joven había publicado en su twitter “Che, qué onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en píe lo del saqueo, no?”. Se trata de una clara manifestación de opinión y sarcasmo, que sirve como expresión de uno de las tantas millones de personas que han quedado excluidas de este beneficio y que no encuentran medios económicos ni materiales para poder desarrollar la cuarentena y cumplir con las recomendaciones sanitarias.

Este hecho también viene a reforzar lo que señaláramos oportunamente desde las páginas de Prensa Obrera, respecto al reforzamiento represivo en los barrios y el ciberpatrullaje, cuyo principal propósito es cercenar las expresiones de descontento sobre la base de una acción aleccionadora del aparato represivo.

También tira por la borda las justificaciones de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien quiso encuadrar las prácticas de ciberpatrullaje en los marcos de un seguimiento del “humor social”, tarea que tampoco corresponde al aparato represivo del Estado por lo sensible de la información que se maneja y el uso que este puede darle en el marco del cercenamiento de los derechos más elementales y las libertades democráticas.

La expresión de este joven se suma a la de millones de personas que padecen una situación crítica y que manifiestan sus opiniones en los medios con los que cuentan a su alcance. Su procesamiento es también una exteriorización del miedo del gobierno a que las redes sociales se transformen una un medio de organización del descontento popular conforme la crisis se agrave. Limitados otros medios de manifestación, por la cuarentena, podría darse el fenómeno ya visto antes, de un crecimiento del descontento que se propague por las redes.

Exigimos la eliminación de toda causa y proceso contra este joven, así como el desmantelamiento de esta actividad de ciberpatrullaje y amedrentamiento a la población. Y volvemos a reclamar que el Estado garantice el acceso de toda persona que lo necesite al beneficio del IFE y la elevación de su monto a $30.000.