El gobierno de la provincia, a través de los servicios de inteligencia de la división de cibercrimen de la policía ha abierto una causa sobre Débora Páez, activa militante social. 

La acusación de "instigación a cometer delitos" se dio luego de que Débora publicara "ya sabemos a dónde ir cuando pinte el saqueo" en su Facebook el 7 de abril de 2020, junto a una imagen donde se ve una serie de marcas de grandes empresas a las que se las denunciaba por no querer pagar los sueldos o despedir a los trabajadores. Entre ellas estaban las firmas Garbarino, McDonald's, Coto, Burguer King, Todo Moda, Carrefour, entre otros.

Según informó Luis Quintana, abogado y militante del Partido Obrero del Chaco quien asesora a Débora, ella fue notificada el día martes, luego que rastrearan su domicilio, de la causa por supuesta infracción al artículo 209 del Código Penal que penaliza a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una institución será reprimido por la sola instigación con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41".

Estamos ante una medida de alcance represivo llevada adelante por el gobierno del Chaco. Es el mismo gobierno que no atiende las enormes necesidades sociales insatisfechas, tanto en el plano laboral, alimenticio, de salud y salarial, y que se ven agravadas por la cuarentena producto de la pandemia producida por el Covid-19, que manda a la policía y a gendarmería a reprimir en las barriadas, que bloquea las salidas y accesos con escombros y tierra transformando a los barrios en guetos, que ha dejado sin alimentos a los comedores y merenderos de la provincia, que no proporciona los elementos de bioseguridad a hospitales y clínicas (por esta razón más del 50 por ciento de los contagiados en Chaco son trabajadores de la salud), que detiene a los activistas sociales, aplica descuentos y despidos, que no pasa a planta a las y los trabajadores y valla la ciudad capital para impedir las movilizaciones.

Pretenden con el ciberpatrullaje llevar adelante una acción intimidatoria sobre los ciudadanos, que a partir de ahora saben que sus opiniones, denuncias o planteos están siendo "vigilados" por los servicios de inteligencia, afectando la libertad de expresión, censurando y tomando represalias. Además, se le otorga a las fuerzas represivas el poder de considerar en qué casos esas opiniones constituyen un delito. Un hecho gravísimo.

Desde el Partido Obrero, llamamos al más amplio repudio sobre este tipo de espionaje, un régimen de intimidación y persecución que descargan sobre la población y opiniones disidentes.