En el juicio denominado UP1 –que se está realizando en el Tribunal Federal de Córdoba presidido por el juez Díaz Gavier–, Videla y Menéndez, junto a una veintena de imputados y responsables de la D2, deberán responder por las torturas y asesinatos de 31 presos políticos, ocurridos entre abril y octubre de 1976, por aplicación de la llamada Ley de Fuga, mientras permanecían a disposición del PEN o de la Justicia Federal. Una de las víctimas de la causa es nuestro compañero Claudio Aníbal Zorrilla, militante de la Ters (Tendencia Estudiantil Socialista Revolucionaria), hoy UJS, brazo estudiantil de Política Obrera, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Córdoba.

Claudio fue brutalmente asesinado en las cercanías del Parque Sarmiento en la madrugada del 20 de junio de 1976, junto con Mirtha Abdçon de Maggi, Esther Barneris y Miguel Barrera, otros jóvenes que también eran estudiantes universitarios y militantes de organizaciones políticas de izquierda.

Hasta ese momento, los muros de la Cárcel Penitenciaria de Bº San Martín y sus guardias armados les impedían tomar contacto con familiares, abogados, ni jueces a pesar de hallarse “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, en virtud de la vigencia del estado de sitio. Los asesinos no respetaron esta forma de “legalización” de los presos políticos: fueron fusilados.

La muerte de Claudio trascendió por esas cosas propias del mercado capitalista. Un empleado a comisión de una pompa fúnebre, al recorrer la morgue del Hospital San Roque descubrió el cadáver y avisó a la familia, con el interés de cobrar la cometa por el servicio de sepelio. Al tomar estado público el asesinato, la dictadura no tuvo otro remedio que reconocer las cuatro muertes, caratulando los homicidios como …“intento de fuga”.

Claudio Zorrilla había comenzado a militar en la Ters cuando apenas era un pibe, no tenía ni 14 años cuando participó del Cordobazo. Intervino activamente en la construcción de nuestra organización de jóvenes estudiantes del secundario. Siempre se caracterizó por el apasionamiento en todo lo que hacía –por ejemplo, jugaba al rugby en el club La Tablada como apertura y, pese a que era de estatura pequeña, tenía una actuación muy destacada, justamente por esa pasión que tenía hasta en un juego.

La pasión en la defensa de sus ideas políticas y su compromiso militante en Política Obrera hicieron que la nefasta y reaccionaria directora del Colegio Ricardo Rojas lo expulsara del mismo en el año 1971. En 1972 fue expulsado del Colegio Deán Funes, por motivos similares.

Por aquellos años, Claudio empezó a trabajar con una camioneta estanciera vieja, llevando escolares. También empezó a incursionar en la militancia universitaria, apoyando el frente fabril.

A fines de 1972 fue detenido en una “pinza” antes del puente La Tablada, acusado de desarrollar actividades subversivas, y fue liberado en marzo de 1973. Comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba.

A fines de octubre de 1974, fue detenido por una pareja de policías de civil, mientras caminaba con su novia por una galería céntrica, acusado de haber participado en el copamiento del ERP al regimiento 141. Con la Ters de Arquitectura montamos una campaña de denuncia de esa patraña indicando que se trataba, como era público y notorio, de un compañero de nuestra organización. Esta campaña tuvo poca repercusión, en parte debido a la ausencia de estudiantes a esa altura del año y también a la magnitud de otros hechos políticos que acontecían en Argentina que opacaron nuestras acciones.

A pesar de que Política Obrera (hoy Partido Obrero) fue declarada organización ilegal recién el 24 de Marzo de 1976, el abogado defensor de Claudio nos pidió, antes del golpe, que dejáramos de decir que era miembro de nuestra organización para no empeorar su situación procesal. La inocencia de Claudio se pone de manifiesto por el hecho simple de que había participado de una fiesta de casamiento, a cientos de kilómetros del regimiento 141, en el mismo momento del copamiento, como lo probaban la existencia de fotografías y centenares de testigos. Es declarado inocente, pero el infame juez que intervino demoró los papeles de tal forma que Claudio no tuvo posibilidad de pedir la opción de exiliarse. Su abogado defensor fue asesinado por la Triple A a mediados de 1975.

En el momento de su asesinato, “Claudito” no había aún cumplido los 22 años. Los demás fusilados tenían aproximadamente la misma edad. La dictadura se ensañó especialmente con la juventud militante.

Por todo eso, sus compañeros de militancia de aquellos años exigimos la condena y cárcel común a los veinticinco genocidas (militares y policías) del juicio UP1.

Ni olvido ni perdón. 30.000 compañeros desaparecidos: ¡Presentes!