En el último período, el gobierno ha largado una campaña de persecución judicial contra los luchadores y los sectores combativos del movimiento obrero. Hoy tenemos:

• Quince procesados del Sindicato de la Fruta de Río Negro; por cortes de ruta y la ocupación de la Municipalidad de Centenario en Neuquén.

• Trece dirigentes metalúrgicos y delegados de Tierra del Fuego.

• Cuarenta procesados por la lucha de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

• Varios jubilados por la marcha Nº 100 y posteriores.

• Integrantes de la Federación de Estudiantes del Comahue, de Río Cuarto, etc., en la lucha y toma de facultades contra la ley menemista.

• Dirigentes docentes de la Universidad del Comahue (Silvia Mansilla).

• Dirigentes y activistas de Jujuy: Santillán y el secretario de ATE Jujuy, en la lucha contra la política antiobrera de la provincia.

• Tres delegados del diario La Prensa: Adrián Alvarez, Ernesto Gutiérrez y Jorge Brodsky, con sentencias de uno y seis meses y un próximo juicio penal en octubre.

• Activistas del Paro agrario del año pasado procesados.

• Activistas de la Marcha Federal procesados.

Se calculan unos quinientos compañeros que han sido pasados al fuero penal para castigar y reprimir la actividad gremial independiente.

Abogados y sindicalistas coinciden en el creciente uso del fuero penal con figuras como: la toma de fábricas bajo la forma de usurpación de propiedad privada; la manifestación como tumulto, incitación a la violencia, desacato a la autoridad.

Todo ello acompañado de pedidos de desafuero gremial, ya que las patronales quieren sacarse de encima a los delegados combativos, mientras, junto al gobierno, califican la acción sindical como violencia para justificar la represión. Como si la reacción defensiva de la clase obrera no fuera producto de la violencia social de la patronal y el gobierno, apoyada en el andamiaje de la nueva legislación sindical y laboral, el aumento de suspensiones y despidos y la rebaja salarial que condena a miles de familias a la miseria más brutal.

No se trata de hechos aislados, sino de una política concertada y programada para doblegar al movimiento sindical, utilizando la represión jurídica como una maquinaria infernal, especialmente por su rapidez. Los trabajadores, acostumbrados a años de espera para la resolución de juicios laborales, vemos cómo actúa de muy distinta manera la justicia del lado de las patronales para reprimir a manifestantes y encarcelar a activistas y delegados.

El miércoles 16, una reunión de sindicalistas y abogados de todo el país, en la sede del CTA, resolvió la puesta en marcha de una Comisión Jurídica que coordine la acción de abogados y juristas en el orden provincial y nacional. Y la publicación de un boletín informativo dando publicidad a todos los casos en todo el país y su difusión internacional.

Una representación del Partido Obrero propuso una gran movilización democrática, que se inicie con un acto público y la formación de una coordinadora de sindicatos, agrupaciones de derechos humanos y partidos que reclame la anulación de todos los procesos y sentencias contra el activismo y la clase trabajadora.