El lunes 9 de marzo comenzó el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la AAA (Alianza Anticomunista Argentina) en la ciudad de Bahía Blanca. Se trata del juicio a civiles miembros de la patota paraestatal organizada por la derecha peronista, la burocracia peronista  y los interventores de la UNS.

Están imputados Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero como coautores del delito de asociación ilícita “calificado como de lesa humanidad”. En el caso de Aceituno será juzgado también por el homicidio del dirigente estudiantil David Hover "Watu" Cilleruelo, cometido en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en abril de 1975.

Desde sus primeras apariciones públicas, la Triple A en Bahía Blanca concentró sus ataques en los ámbitos más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles. Para ello contó con el aval de la burocracia sindical y de las autoridades de la Universidad. Los imputados formaron parte del componente civil del aparato criminal paraestatal, dirigido por el entonces diputado nacional peronista y secretario de la CGT bahiense, Rodolfo Antonio Ponce, y por el entonces rector interventor de la UNS, Remus Tetu.

La violencia paraestatal que funcionó en la ciudad de Bahía Blanca, entre los años 1974/75, tuvo entonces sus anclajes en la universidad y en la CGT Regional. Ya desde 1969, Ponce integró la mesa nacional de las 62 Organizaciones como representante local –con el apadrinamiento del burócrata José Ignacio Rucci–y condujo la intervención de la central regional en el año 1974, desde donde desarrolló una feroz persecución que tuvo lugar en el seno de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Bahía Blanca, con el desplazamiento de las autoridades locales y la persecución a los sectores opositores y de izquierda del gremio, opositores a la burocracia.

En febrero de 1975,  Oscar Ivanissevich interviene la Universidad Nacional del Sur, designando a Remus Tetu como Rector Interventor. Junto con la instauración de una política de ajuste presupuestario y la prohibición de toda forma de actividad política en el ámbito universitario, Tetu aseguró la introducción en la UNS del grupo paraestatal liderado por Rodolfo Ponce. Para ello se creó un Departamento de Seguridad donde se contrató a los ahora imputados, provenientes del ámbito sindical, que fueron integrados a dicho departamento.

En el ámbito universitario, la CGT local manifestó su apoyo “a las autoridades designadas por el gobierno para regir los destinos de la UNS” y su propósito de lucha contra “las minorías de ultraizquierda y agentes de la sinarquía y la Cuarta Internacional”, contra las cuales actuarían “hasta las últimas consecuencias y con las armas que tengamos a nuestro alcance”. Asimismo, se dispuso la prohibición de toda actividad sindical que escapara al control de la CGT local, lo que dio paso a la inmediata intervención del Gremio del Personal No Docentes (Atuns).

La intrusión de la agrupación paraestatal en la universidad dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los jueces Álvarez y Tripputi confirmaron también el procesamiento del acusado Aceituno por su participación en el “homicidio agravado” del que resultó víctima David Hover Cilleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS.

De cara al próximo 24 de marzo en que se cumplen 44 años del golpe cívico militar, redoblemos los esfuerzos para un acto independiente, de lucha, para que todos los genocidas militares, civiles, eclesiásticos y empresariales sean juzgados y condenados. No a las prisiones domiciliarias a los represores. Por la cárcel común, perpetua y efectiva, por la apertura de todos los archivos, por la restitución de los nietos y nietas apropiados, contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra todo intento de "dar vuelta la página".

¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!

30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, ¡presentes!