Este martes 15 de agosto comenzó, en General Roca (Río Negro), el juicio oral que investiga los hechos que desembocaron en el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de un operativo represivo del grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, comandado por la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich para desalojar el territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.

Los hechos se produjeron el 25 de noviembre de 2017, en el marco de una hostilidad permanente contra las comunidades originarias y sus derechos. El asesinato de Rafael Nahuel intenta presentarse como un “exceso de legítima defensa”, bajo la tesis interesada de que la comunidad mapuche habría atacado a los prefectos con “armas de fuego y lanzas”.

En el banquillo de los acusados se encuentran los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García. Cavia es imputado por el delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”, mientras que los otros cuatro fueron calificados como “partícipes necesarios” del hecho.

Estas calificaciones presentan un primer elemento tendencioso. Desde la familia de Rafael y la comunidad mapuche denuncian que se trató de un homicidio calificado, siendo que nunca existió una supuesta legítima defensa sino que hubo un accionar represivo que desbordó todos los marcos de la “institucionalidad”.

Esto se desprende del hecho comprobado de la utilización de municiones de plomo en la represión y de que la bala que impactó a Rafael Nahuel, según la instrucción de la causa, pertenecía a al tipo de armas empleadas por el grupo Albatros. Además, de que el impacto sobre Rafael Nahuel se produjo de espaldas, cuando este intentaba retirarse del lugar y no en ocasión de un “enfrentamiento”.

La comunidad presente en las inmediaciones del tribunal que sesionó también denunció el hecho de que el proceso se sustancia a 600 kilómetros de Bariloche, con el propósito de evitar una participación mayor de la comunidad mapuche en el seguimiento del caso.

Los actores materiales del hecho, en sus declaraciones, intentaron deslindarse de responsabilidades señalando que ellos solo eran el “chivo expiatorio” de sectores “corruptos y cobardes” del Poder Judicial y la política.

Cabe recordar que este hecho sucedió a pocas semanas del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, asesinado por Gendarmería Nacional, en cercanías del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut. Lo que devela el modus operandi de una orientación política represiva al mando del entonces gobierno de Mauricio Macri y su ministra Bullrich, y una Justicia subordinada a esa misma orientación represiva.

El operativo que terminó con la vida de Rafael Nahuel fue tan desastroso al punto que se llegaron a identificar más de 100 disparos de armas de fuego por parte del grupo especial Albatros de la Prefectura al mando de Patricia Bullrich. Todo lo que demuestra en énfasis del Estado capitalista a la hora de atacar las reivindicaciones de los pueblos originarios y a todo el que luche por un pedazo de tierra. Orientación que comparten con el represor Sergio Berni y el actual gobierno nacional.

Reclamamos la condena de los responsables materiales del asesinato e Rafael Nahuel y la investigación y castigo de los responsables intelectuales de este crimen, perpetrado desde las altas esferas del poder político y la Justicia represiva.

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