El Tribunal Oral Federal número 6 (TOF 6) dio inició al juicio oral que se llevará a cabo por los crímenes sucedidos en el centro clandestino conocido como “Puente 12”, en la intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de Cintura, ubicado en La Matanza.

El “Puente 12” es un lugar que está estratégicamente ubicado en el centro de una zona que en los años setenta era asiento de uno de los mayores centros fabriles del conurbano y que fue el escenario de importantes luchas de la clase obrera. El lugar es de rápido acceso, en la intersección de dos rutas (Autopista Ricchieri y Camino de Cintura) y en una zona desolada que facilitaba el transporte clandestino de las víctimas hacia el centro de tortura y exterminio.

El juez Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción, ha dictado la imposibilidad de modificaciones en las instalaciones policiales del lugar, debido que se supone que en la zona hay fosas clandestinas donde yacen víctimas de muchos desaparecidos que fueron exterminados en ese lugar.

Este tercer tramo de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino, donde funcionó la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense, fue elevado a juicio oral en diciembre de 2020, y, luego de sucesivas dilaciones, la presión y movilización de las víctimas sobrevivientes y los familiares impulsó el comienzo del juicio el 3 de abril de este año.

Un juicio de hechos ocurridos hace 47 años

En este tramo de los crímenes cometidos en Puente 12 III, el TOF 6 deberá juzgar a seis imputados –dos integrantes del Batallón y cuatro policías de la Bonaerense– por secuestros, torturas y asesinatos en perjuicio de 150 personas. Desfilarán aproximadamente 80 testigos de casos ocurridos en 1974, 1975 y los primeros meses de 1976, todos casos previos al golpe del 24 de marzo de 1976 que instauró la dictadura militar.

En los testimonios ya realizados se comprueba el accionar coordinado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el servicio de inteligencia (Servicio de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires- Sipba) y el Batallón 601 del Ejército.

Crímenes ocurridos durante el gobierno peronista asumido en 1973, y que revelan que el plan de exterminio se fue implementando durante el gobierno “democrático”. Este fue uno de los primeros centros de exterminio y pudo funcionar gracias a la cobertura de las instituciones judiciales y parlamentarias del momento, mucho antes del golpe.

“Puente 12” fue precursor en los centros clandestinos de represión

Los testimonios de este juicio dan a conocer el accionar de las fuerzas represivas en este centro de exterminio, en particular contra la lucha de los metalúrgicos de La Matanza, con secuestros y asesinatos. Entre ellos, el secuestro y desaparición de Emilio Tomasin, delegado de la fábrica Martín Amato (Indiel), el intento de secuestro de otro delegado, Carmelo Afattato, que logró salir del país y exiliarse, y de varios activistas y delegados desaparecidos de la misma fábrica; también, la desaparición de cinco delegados de la acería Santa Rosa y de otras fábricas de la zona. Muchos de ellos fueron los que pasaron por “Puente 12”.

Militantes del Partido Obrero (en esos años Política Obrera) tuvieron una intervención en el apoyo y la organización de los metalúrgicos en las “coordinadoras metalúrgicas” de la zona. Y varios militantes fueron secuestrados en un acto por el 1 de Mayo de 1975 en San Justo en apoyo de esas luchas y llevados a “Puente 12” donde estuvieron varios días y lograron sobrevivir.

La vigencia de los juicios de lesa humanidad

Las dilaciones de este juicio están ligadas a las presiones que ejercieron las fuerzas políticas que gobernaban el país en 1974-1976 y que intentan ocultar su participación en el genocidio. El peronismo, la Unión Cívica Radical y la burocracia de la CGT. Por la condena a los genocidas, la lucha contra la impunidad sigue vigente.

La represión con secuestros, tortura y asesinato tiene culpables a las fuerzas armadas y policiales desde antes del golpe. Y este juicio es una demostración que la “grieta” entre radicales y peronistas es una actuación de engaño entre organizaciones políticas que estuvieron hermanadas con la brutal represión a la clase obrera y sus organizaciones. Luego apoyaron el golpe del 24 de marzo de 1976. El máximo dirigente sindical de la CGT lo expresó desde Montevideo, luego de frenar cualquier resistencia al golpe, “me borré”.

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