Tras varias postergaciones, el Tribunal Oral Federal de La Rioja anunció el comienzo del juicio contra el jefe del Ejército César Milani para el próximo 3 de mayo, a partir de las 9:30. 

Entre los trece casos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos ocurridos en marzo de 1977 que serán juzgados, Milani –quien en ese momento era subteniente del Batallón 141 de Ingenieros– y los otros doce acusados deberán responder por el secuestro de Pedro Olivera y su hijo Ramón Alfredo, quien es uno de los querellantes en la causa.

Además de Milani, los imputados en este juicio son los militares Luis Fernando Estrella, Carlos Asunción Rodríguez Alcántara, Eliberto Miguel Goenaga, Carlos Leónidas Moline, Miguel Angel Chiarello, Domingo Benito Vera, José Félix Bernaus, Cecilio Armodio Mercado, Alfredo Solano Santacrocce, Ángel Ricardo Pezzetta, Nicolás Marcial Tejeda y el ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán. Varios de los jueces que iban a integrar el Tribunal Oral fueron recusados, precisamente, por su vínculo con este último. Finalmente, el tribunal quedó conformado por el juez Julián Falducci como presiente y sus colegas Jaime Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl. Carlos Julio Lescano fue designado como juez sustituto.

Milani está detenido por esta causa desde el 17 de febrero de 2017 en el predio militar de Campo de Mayo. Este será el primer juicio oral y público que enfrentará, de los juicios en los cuales está siendo investigado.

En la causa que investiga la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, ocurrida el 17 de junio de 1976 mientras prestaba funciones en la escuela de comercio de la ciudad de Monteros, provincia de Tucumán, Milani está acusado de encubrimiento agravado en concurso ideal con falsedad ideológica, por haber falsificado un acta haciendo figurar que Ledo había desertado, –una modalidad utilizada sistemáticamente para encubrir las desapariciones sistemáticas de soldados conscriptos– la cual fue ordenada por el capitán Esteban Sanguinetti, otro de los imputado en la causa, y que actualmente goza de arresto domiciliario. El comienzo de este debate estaba pautado para comenzar el 16 de mayo en Tucumán, pero fue pospuesto para septiembre.

Además, el ex jefe del Ejército durante la gestión de Cristina Fernández deberá enfrentar un tercer juicio oral y público, aún sin fecha fijada para su inicio, en este caso por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que no pudo justificar la compra de una casa realizada en el 2010, por un valor de 1.500.000 pesos. Como justificación, Milani alegó que en 2009 había recibido un préstamo de 200 mil dólares por parte del condenado a perpetua en el juicio CCD «La Perla» Córdoba, Guillermo «El Nabo» Barreiro.

Pero aún resta que Milani sea investigado por su participación en el Operativo Independencia donde, bajo las órdenes de Bussi, prestó servicios en el Batallón de Ingenieros 141, ordenado por el gobierno peronista de entonces. Por aquella operación, más de 5 mil militares ocuparon la provincia y -con la excusa de combatir a un "foco guerrillero", secuestraron- torturaron y asesinaron a miles de militantes populares, obreros, estudiantiles y campesinos. Milani fue asignado entonces a la unidad de Operaciones Antiterroristas.

Milani desarrolló toda su carrera militar en el área de Inteligencia del Ejército, fue nombrado al frente de esa fuerza el 3 de julio de 2013 por la entonces Cristina Fernández y su ministro de Defensa Agustín Rossi. Producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, el 24 de junio de 2015 fue apartado de su cargo, aunque desde el gobierno se intentó justificar el accionar delictivo de Milani bajo la dictadura aduciendo que era muy joven por aquel entonces, desmintiendo los testimonios de las víctimas y familiares.

Este primer juicio contra Milani, se va a desarrollar en un contexto de intento de reconciliación y negacionismo por parte del gobierno, quienes intentaron aplicar el "2×1" a los genocidas,  en el cual una gran parte de los genocidas condenados fueron beneficiados por la prisión domiciliaria, o la libertad por vencimiento de prisión preventiva, y dictaron el decreto habilita a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de la llamada “seguridad interior” para imponer el ajuste.

Sin dudas, ver a Milani en el banquillo de los acusados tras luego de cuatro décadas de impunidad, es producto de la incansable lucha de los sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos independientes del estado.

El comienzo de este juicio va a ser acompañado por una enorme movilización popular que exigirá cárcel común, perpetua y efectiva para Milani y todos los genocidas.

¡Fue genocidio, son 30.000!