¿Cómo fue el operativo represivo para votar una paritaria rechazada en las escuelas de Córdoba?

En la asamblea provincial de UEPC una amplia mayoría de delegados docentes llevó el mandato de rechazo a la cuarta propuesta (anti) salarial que presentó el gobierno y la conducción de Roberto Cristalli. Sin embargo, hubo un operativo de Estado, fraude y represión mediante, para intentar cerrar una paritaria que rechazan las escuelas de la provincia de Córdoba. 

Efectivamente, la asamblea provincial sesionó militarizada y con un delegado opositor preso. Pablo Perón fue detenido en el marco de una represión a docentes, entre ellos delegados opositores. La Policía reconoció frente a las cámaras de televisión que en el operativo hubo una coordinación entre la conducción Celeste del sindicato y las fuerzas de (in)seguridad. Alevoso.

Adentro del sindicato hubo, al menos, siete agentes de civil que querían hacerse pasar como delegados de escuela. Al ser descubiertos por docentes de Unidad de las Escuelas tuvieron que admitir que fueron enviados por el fiscal González, según afirmó un comisario identificado como Walter Olmos. El propio Cristalli dijo frente a las cámaras que su conducción los dejó entrar.

El mandato mayoritario de la docencia es el de 40% de aumento y paro de 72 horas, con ese planteo la rebelión docente se metió en la negociación salarial. En este cuadro, por primera vez desde de la dictadura una asamblea de trabajadores sesionó con la Policía custodiando a una burocracia sindical, que con el Estado fue preparando un fraude histórico.

Por eso, fueron estirando la resolución, y no ahorraron ningún tipo de recursos para imponer un fraude escandaloso, con el que el gobernador Martín Llaryora, con la activa participación de la burocracia se jugaron a que la paritaria pase o pase. En esa línea montó todo un operativo mediático, que llegó al punto omitir la delictiva intromisión de policías en la sede gremial. Y, en lugar de hablar de represión, dijeron que hubo “tensión”, “choques”, “disturbios”, un clásico de las empresas de comunicación.

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Además, la burocracia de Cristalli hizo votar responsabilizar políticamente al secretario general de UEPC-Capital Franco Boczkowski y a la secretaria adjunta Graciela Güell, solicitando que se apliquen “los mecanismos estatutarios previstos en el régimen de disciplina para terminar con el uso de la violencia y el odio como herramientas políticas que persigue deliberadamente construir un enemigo interno sobre el que descargarlo”.

Así le dieron continuidad a su orientación persecutoria y expulsiva de la oposición. No solo Cristalli. En esa orientación, la burocracia docente fue acompañada por la CGT y la CTA (“de los Trabajadores”), que emitieron un comunicado contra la docencia que lucha. No convocan a parar por el salario, pero sí repudian el reclamo de la base del sindicato a su conducción provincial. Insólito.

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Todos lxs trabajadores deben sacar las mejores conclusiones de la gran lucha docente en Córdoba, apoyando la rebelión de las escuelas que se está enfrentando no solamente a una burocracia descompuesta, sino a un gobierno colaborador con el régimen de Javier Milei.

Pero si con represión y fraude Llaryora quiere imponer salarios de pobreza a la docencia de Córdoba, la docencia en las calles y en las escuelas arrancó mandatos para salir de la pobreza. Sobre esa perspectiva de lucha UEPC-Capital ha anunciado que denunciará judicialmente la represión y ha convocado asambleas, plenarios, y un plan de lucha que tendrá continuidad con nuevas movilizaciones.

Que viva la lucha docente, plan de lucha, paro provincial por su triunfo.