Hace dos semanas, el periodista Eduardo Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de 20.000 dólares por haber denunciado en un libro la incapacidad del juez Rivarola para investigar el crimen de cinco religiosos de la orden Palotina cometido por la dictadura militar. El asesinato, conocido como la Masacre de San Patricio, ocurrió en junio de 1976. Rivarola, juez de la dictadura, es hoy un camarista de la democracia, en otra contundente demostración de la continuidad del aparato estatal entre una y otra. Como la misión que le adjudica la Constitución al poder judicial es garantizar el estado de derecho, el sentido del fallo contra Kimel es por demás cristalino: pretender que eso fue lo que hicieron los jueces bajo el régimen de facto, o sea contrario a derecho, de la dictadura militar. El fallo apunta a borrar la distinción entre un régimen y otro, por eso condena al investigador de la masacre y no a sus autores y a sus encubridores.

Diversas organizaciones han encarado una movilización en defensa de Eduardo Kimel, el cual ha interpuesto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Hay que advertir que la Corte ya ha tomado partido en este asunto, puesto que aceptó una apelación de Rivarola contra el fallo de primera instancia que absolvía a Kimel. Prensa Obrerase suma a la movilización en solidaridad con Eduardo Kimel.