En Serpaj y con la presencia de las abogadas y abogados de los compañeros detenidos luego de los incidentes y la represión frente al Congreso cuando se votaba el pacto con el FMI, y numerosas organizaciones, se realizó una conferencia de prensa por la libertad de los presos políticos. Por el Partido Obrero estuvieron presentes Chiquito Belliboni y Guillermo Kane, diputado de la provincia de Buenos Aires.

En la conferencia se explicó la situación de los tres detenidos en las causas armadas por los hechos. Se trata de Oscar Santillán, del MTR Histórico, Jaru Rodríguez, de la CUBA – MTR y Julián Lazarte. Oscar Santillán fue detenido en el transcurso de los hechos y se le negó la excarcelación, mientras que Jaru Rodríguez y Julián Lazarte fueron detenidos en la caza de brujas desatada por la justicia. Además, se libraron órdenes de detención contra otros compañeros, como Roberto Martino, Valdez y Cáceres, a quienes se les allanaron los domicilios pero que no fueron aprehendidos. La gremial de abogados, que opera en la defensa de Santillán, presentó los pedidos de excarcelación respectivos.

La acusación armada por la Justicia de la Ciudad aplica la figura de asociación ilícita, además de daños, resistencia a la autoridad, lesiones, entre otras. La figura de asociación ilícita sirve para colocar una acusación genérica contra todos los que se movilizaron al Congreso y estuvieron presentes al momento de la represión. Incluso, en el razonamiento judicial se acusa directamente al MTR de haber sido constituido, como organización, para promover este tipo de incidentes. Se trata de un salto en la persecución política que facilita la aplicación preventiva mas allá de las pruebas a todos los que aparecen en los videos de los incidentes.

Así, por ejemplo, María del Carmen Verdú, abogada de Lazarte, explicó que en los videos se lo ve sin tener ni siquiera mochila, y sólo existe una filmación que permitiría afirmar que arrojó una piedra, que no impactó ni sobre la policía ni sobre el Congreso. La principal acusación de la que se lo acusa, el armado de una molotov, no se corresponde con las imágenes que se presentaron como prueba (se trata de una persona vestida con otra ropa y que no responde a sus características). A pesar de no haber demostrado esto, se le mantiene la prisión preventiva. Una situación similar ocurre con “Jaru” Rodriguez, quien, como explicó su abogado Martín Alderete, no tiene tampoco elementos que demuestren que haya actuado en forma violenta.

La Justicia Federal también está tramitando una causa, y existe, con la justicia de la Ciudad, un choque de competencias. En la Justicia Federal, se los acusa, además de daños y otros delitos, de “intimidación pública agravada”, otra figura que apunta a una persecución por haber estado participado en los hechos. La intimidación pública fue una de las figura que utilizó el Juez Ríos para condenar a Cesar Arakaki y Daniel Ruiz a penas de prisión efectiva. La compulsa de competencias entre la Justicia Federal y la de la Ciudad por las causas deberá dirimirse en los próximos días.

Toda la orientación del poder judicial consiste en montar una persecución contra la militancia de las organizaciones populares por los hechos. Actúa instigado por la crisis política: Cristina denuncia al gobierno por no denunciar los hechos, el gobierno impulsa una caza de brujas contra las organizaciones que se movilizaron. A esto se suma la pelea de camarillas judiciales: la Justicia de la Ciudad, busca, con una calificación que permitiría largas penas de prisión efectiva, presentarse como el ala dura de la política de criminalización.

Contra toda esta política represiva reclamamos la libertad de todos los presos políticos, el cese de la criminalización de las organizaciones populares, la anulación de las condenas a Cesar Arakaki y Daniel Ruiz y su absolución, el 24 de marzo será una fecha clave para movilizarnos con estos objetivos.

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