En un fallo tardío y sin precedentes, la Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de dos importantes exdirectivos de la empresa Ford, por la tortura y secuestro de 24 obreros de la planta de General Pacheco, bajo la última dictadura militar, donde se montó un centro de detención. El fallo convalida la responsabilidad de la patronal multinacional en la represión y tortura de activistas obreros, en concurso con el gobierno militar, para allanar el terreno a su política de ajuste.

Se trata de la condena de Pedro Müller, Héctor Francisco Sibilia y Santiago Omar Riveros, quienes deberán cumplir de 10, 12 y 15 años en cárcel común, según la condena de primera instancia del 2018 del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín.

Müller oficiaba de “número 2” de la multinacional, integrado al directorio de la Ford entre 1974 y 1978, lo que lo colocó en varias oportunidades, y particularmente en el periodo inmediato al golpe de Estado, al frente de la administración y dirección de la automotriz. Sibilla, con antecedentes militares y retirado en 1962 con grado de mayor –ascendido en 1976, bajo el gobierno militar, a teniente coronel- se desenvolvía como jefe de seguridad de la planta.

A ambos se les imputa la responsabilidad de haber perpetrado un centro de detención y tortura clandestino al interior de la planta de Ford, donde 17 de los 24 obreros secuestrados fueron privados de su libertad y 9 de ellos mantenidos en cautiverio y torturados en un quincho de la empresa.

En los fundamentos del fallo confirmatorio queda claro que no solo se trató de una colaboración con las fuerzas represivas, estando al frente de dichas operaciones en la zona el genocida Santiago Omar Riveros, conocido por su nefasto papel en los centros clandestinos El Campito y el Hospital Militar Campo de Mayo, indultado por Menem –lo que luego fue revocado- y condenado más tarde por el asesinato del joven militante comunista de 15 años, Floreal Avellaneda. Sino que se trató de un “aporte activo, directo y coordinado con el propósito de lograr una política de disciplinamiento que favoreciera los niveles de producción”,como indica el fundamento de Slokar en su voto.

Los exdirectivos facilitaron móviles, logística, insumos, instalaciones, información, documentación e indicaciones a las fuerzas represivas para cumplir con sus propósitos. Una tarea que no inició con la dictadura militar, sino que fue precedida por el ingreso de elementos de la Triple A en la planta de la multinacional. Así lo testimonió en la causa Pedro Troiani, uno de los obreros secuestrados, quien manifestó que “los trabajadores sospechaban que había ‘gente de inteligencia’ en la oficina de Personal de la empresa que había llegado a la planta antes del golpe”.

Müller y Sibilla no fueron los únicos directivos y empresarios vinculados al secuestro y desaparición de trabajadores. Marcos Levín, dueño de La Veloz del Norte, de Salta y con sede en Tucumán, fue condenado por crímenes de Lesa Humanidad, aunque la Cámara revocó el fallo de primera instancia y ahora se aguarda a una revisión de la Corte. La Corte también dejó sin efecto la falta de mérito obtenida por Carlos Blaquier ante la Cámara, por los secuestros vinculados al Ingenio Ledesma. Existen procesos contra directivos de La Fronterita, Norwinco, ejecutivos de Acindar y se acumulan alrededor de 30 causas por responsabilidad empresarial con crímenes de Lesa Humanidad (Página 12, 30/09).

Se trata de un proceso lento y lleno de obstáculos y puertas de salida para los responsables, como lo corrobora el hecho de que tanto Müller y Sibilla lleguen a esta instancia con 90 y 95 años, respectivamente. Mientras que otros criminales de la misma talla han muerto antes de ser juzgado o dilatan el proceso con distintas artimañas.

La confirmación de la condena a estos tres responsables implica la confirmación de una política criminal y genocida impulsada por la clase capitalista contra los trabajadores, poniendo de manifiesto el estrecho vínculo entre las fuerzas represivas del Estado y las patronales nacionales y multinacionales. Reclamamos el castigo inmediato de todos los responsables civiles y militares de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra el pueblo trabajador.

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