La noticia de contagio de Covid-19 de un preso en la Unidad 23 de Florencio Varela, vuelve a poner en el tapete la situación de las cárceles en Argentina. Se trata de Julián Arakaki, quien se encuentra cumpliendo cadena perpetua desde el 2012.

Lo cierto es que este episodio ha sido la gota que rebalso el vaso dentro del universo carcelario. Al hacinamiento, superpoblación, vejaciones, torturas y muertes en cárceles y comisarias -que han aumentado de manera considerable- hay que sumarle los estragos que está ocasionando la pandemia del coronavirus.

En cuanto a la emergencia sanitaria, la OMS manifiesta “las personas privadas de libertad […] pueden ser más vulnerables a la epidemia del coronavirus que la población general debido a las condiciones en las que viven”. Sin embargo, pareciera inaplicable cualquier tipo de protocolo dentro de un sistema que mucho antes de esta enfermedad ya se encontraba en alarmante situación.

La suspensión de visitas redujo los elementos de higiene, medicamentos y alimentos, que no han sido provistos por parte del Estado, lo que favorece la propagación de enfermedades. De este modo la supervivencia es prácticamente un afán imposible. Como respuesta ante esta situación, los motines y huelga de hambre brotan en un escenario poco favorable. Hace días atrás, en la Unidad 54 de Florencio Varela, los presos se cubrieron con mantas y abrigos para protegerse de las balas de goma de la policía ante una revuelta interna. Los hechos ocurridos en la alcaidía de Batan en Mar del Plata, Santa Fe, Misiones, la protesta de mujeres en la cárcel de Los Hornos, son la muestra de un contexto generalizado.

Es que nos encontramos ante un Estado altamente selectivo. Mientras miles de personas con penas casi cumplidas o procesadas por delitos leves y de baja peligrosidad exigen la excarcelación o prisión domiciliaria, se proporcionó esta gracia a quienes ya contaban con un sistema de beneficios internos, como es el caso de represores y genocidas.

Las información que llega en estos momentos es que el la Unidad 23 de Florencio Varela,  se produjo un levantamiento, debido a la muerte de un detenido producto de un impacto de bala en zona axilar. Ante lo sucedido, la respuesta estatal es acrecentar la violencia institucional. Sin embargo, la rebelión interna promete continuar con las medidas, incluida la huelga de hambre.

Exigimos que se cumplan las condiciones sanitarias y se tomen medidas excepcionales es pos de brindar protección a la vida de quienes se encuentran privados de su libertad. Por un comité de organizaciones de derechos humanos y asociaciones de detenidos para velar porque se cumplan todas las demandas sanitarias.