Se presentó un amicus curiae ante la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por diversos organismos y personalidades vinculadas con la lucha por los derechos humanos, frente al desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) impulsado por el gobierno.

El escrito, firmado entre otros por Adolfo Pérez Esquivel y las madres de Plaza de Mayo Elía Espen y María Esther Biscayart de Tello, Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal contó con la adhesión de decenas de agrupaciones.

La causa promovida por organizaciones de derechos humanos -entre ellas Apel- solicitó una medida cautelar para detener el avance del gobierno nacional sobre el BNDG. El vaciamiento del banco impulsaría los negocios de laboratorios y capitales privados.

La ley Nº 26.548 introdujo restricciones para el acceso al BNDG, lo que deja afuera de sus servicios a una incalculable cantidad de personas que buscan dar con su identidad. La ley de creación del BNDG, en 1987, consagraba la universalidad del derecho a la identidad; el Estado Nacional ahora pretende limitar la competencia del banco a cuestiones de filiación vinculadas con desaparición forzada de personas ocurridas hasta el 10 de diciembre de 1983. De esta manera, quedará marginada la investigación sobre las personas desaparecidas mismas. Es darle la espalda a Luciano Arruga, Daniel Solano, Julio López y muchos más desaparecidos, incluso en democracia.

El macrismo no es ajeno

El banco se encuentra en el Hospital Durand, razón por la cual, conforme a la ley, el Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de dar el visto bueno para llevar adelante la transferencia del equipamiento, las muestras y el personal que trabaja en el organismo. O sea que pasa a formar parte de la negociación de espacios entre macrismo y K.

Continuamos luchando contra el vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y reclamamos su independencia del Estado, su control por parte de organismos de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos.

Diego Aysine (Apel)