Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio la policía de Córdoba detuvo al menos a 8.795 personas bajo el cargo de violar la cuarentena dictada por el gobierno nacional. Crece el número de detenidos como parte de una política del gobierno provincial tendiente a crear un estado de excepción, en el que la asistencia de las necesidades de la población y las libertades democráticas pasan a segundo plano.

El crecimiento de las detenciones es acompañado de un “abuso policial” brutal en las barriadas populares, con un atropello a las libertades democráticas de todo tipo, como detenciones aun con el permiso correspondiente, ingresos sin orden a viviendas particulares, amenazas con armas de fuego, tentativa de gatillo fácil, golpizas. En barrios de la capital como Villa El Libertador (donde predominan trabajadores, cuentapropistas y desocupados) hay un constante patrullaje, incluso con tiros al aire por parte de los uniformados. En zonas enteras la policía montó un estado de sitio ilegal. La acción policial da cuenta de una política represiva que nada tiene que ver con el combate a la pandemia.

Las personas detenidas son llevadas a lugares en donde no se respetan las medidas de prevención e integridad. Si antes de la pandemia, las condiciones de cautiverio en comisarías eran objeto de denuncias, con la sanción del Decreto Nacional 297/2020 la situación se agravó. Según organizaciones de DD.HH., en la Unidad de Contención del Aprendido (UCA), ubicada detrás del Hospital Misericordia de Córdoba capital, murió un joven que se encontraba detenido. El parte policial de la muerte fue paro cardiorrespiratorio. Si se toma por cierta la causa del deceso, se sabe que con atención médica está perdida de función cardiaca puede revertirse.

El gobierno de Schiaretti formó el “Comité de Emergencia Social” integrado por las fuerzas represivas del ámbito local como nacional, desde Prensa Obrera caracterizamos esa medida como un comité para la represión. En efecto, el pronóstico se desarrolla día a día. Los medios en ese sentido informan la existencia de mapeos que las fuerzas represivas consideran rojas.

Por un control popular de la cuarentena

Las patronales obligan y extorsionan a sus trabajadores a no parar la producción, haciéndoles trabajar en condiciones de inseguridad. Mientras el propio gobierno no interviene frenando despidos, como por ejemplo los que están sucediendo en la fábrica de alcohol Porta Hnos, en donde la patronal despidió a trabajadores que se organizaban por mejores condiciones laborales, de higiene y seguridad.

Es claro que el control y efectividad de la cuarentena no reposa en un aparato represivo descompuesto, sino en el control popular del aislamiento obligatorio. En esa perspectiva es qu,e desde la Juventud del Polo Obrero, estamos empadronando para que se garanticen los recursos necesarios para efectivizar la cuarentena, en la perspectiva de desarrollar una acción independiente para cuidar la salud y la vida de les trabajadores. Por lo expuesto, es claro que al Covid-19 le hacemos frente con la organización de les trabajadores, y no con milicos en las calles.