El juicio por el asesinato de Blas Correa comenzó este miércoles 7 de septiembre. El caso de gatillo fácil ocurrido el pasado 6 de agosto del 2020 expresó una política represiva del gobierno y demostró la descomposición del aparato represivo del Estado. Hay 13 policías acusados.

La madre de Blas, antes del inicio del juicio, declaró a La Voz que “este gobierno es responsable”. En ese sentido, la querella insistirá en las responsabilidades políticas del caso.

Según la acusación de la Fiscalía: los suboficiales Gómez y Alarcón serían “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.

Por otro lado, Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica habrían participado de los delitos de: “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público”.

Independientemente del juicio principal, se llevará a cabo el proceso por “abandono de personas y omisión de auxilio” contra el personal de la clínica Aconcagua, quienes no atendieron a Blas cuando ya estaba herido y mandaron a los jóvenes a atenderse en el Hospital de Urgencias.

El crimen tiene una cadena de responsabilidades en el homicidio, el encubrimiento, el abandono y el incumplimiento de los deberes, y, además, un modus operandi de impunidad aceitado, todo esto salió a la luz. De esta manera quedó expresado, una vez mas, que el aparato represivo del gobierno de Córdoba está completamente descompuesto. Sin embargo, los sobreseimientos en la instrucción penal (como la del subcomisario Gonzalo Cumplido) lavaron de culpas a parte de los responsables. A su vez, los familiares de Blas sufrieron amenazas y persecución por parte de policías y allegados.

No es un caso aislado: en el interior y en los barrios populares existen cientos de causas de gatillo fácil, muchas de ellas sin resolución y con los autores gozando de impunidad.

Un cambio que debe ser profundo

Luego del asesinato de Blas se disparó una gran crisis política en el gobierno de Córdoba. Se cambió la cúpula policial, se dictó un nuevo protocolo del uso de la fuerza y se creó un nuevo tribunal de conducta policial. Hasta el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, llegó a poner a disposición su renuncia, pero Schiaretti lo sostuvo.

Sin embargo, los casos de gatillo fácil se repiten de manera sistemática en los barrios populares. El aparato policial con el que se intenta regimentar la vida de la juventud, que reprime la protesta y la lucha, es la mano de obra de una política represiva, que sirve para que los planes de ajuste del gobierno puedan llevarse a cabo.

Justicia por Blas Correa, el gobierno y el Estado son responsables. Gatillo fácil nunca más, desmantelamiento del aparato represivo.

 

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