Este jueves 18 de agosto, por la mañana, en las puertas de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de la provincia de Córdoba se realizó una concentración impulsada por la Coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil.

En la actividad hubo diferentes organizaciones sociales y familiares de víctimas de gatillo fácil y represión estatal. Entre ellas se encontraban familiares de Ezequiel Castro, un joven que estuvo detenido allí el pasado 8 de junio y dos días después falleció en el Hospital Misericordia (al frente de la UCA). Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre, por lo que también estuvieron familiares de otros pibes víctimas de torturas y muertes en ese lugar.

Durante la jornada, madres y padres que perdieron a sus hijxs en manos del Servicio Penitenciario de Córdoba exigieron que aparezca el director de la UCA a dar explicaciones de lo que ocurre allí dentro. Además, denunciaron amedrentamientos y desviaciones, por parte de la policía, a la hora de informar sobre el paradero y traslados de los detenidos. Así como también a la hora de las visitas.

Por otra parte, señalaron a las autoridades del Hospital Misericordia como cómplice, dado que cuando asisten a los reclusos los informes se estarían presentando con irregularidades y  se omitiría información.

También responsabilizaron al Ministerio de Salud por no hacerse cargo de lo que sucede en el Centro Psico Asistencial (CPA) que se encuentra dentro de la UCA, dejándolo en manos del mismo Servicio Penitenciario. Los detenidos son trasladados desde la UCA al PSA sin ningún criterio y sin informar a los familiares, y en ambos lugares son violentados y torturados.

Guillermo Castro, padre de Ezequiel, indicó que la familia aún se encuentra a la espera de que se esclarezcan las pruebas del caso y queden al descubierto los culpables materiales. En la Fiscalía y Tribunales dijeron no tener conocimiento de la situación de encierro de Ezequiel, dado que en teoría para el día viernes 10 ya tenía la libertad firmada. Asimismo, aseguró: “Este no es un caso aislado. Los familiares tienen miedo de salir a reclamar justicia porque son amenazados”.

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La represión estatal es una política de Estado. Por lo tanto, son responsables el Poder Judicial y el mismo gobierno de la provincia de Córdoba. Es por esto que exigimos el desmantelamiento de todo el aparato represivo y la elección popular de jueces y fiscales.

Que esta actividad sea un paso más hacia la 8° Marcha contra el Gatillo Fácil. No queremos ni un pibe más muerto en las cárceles. Basta de persecución y hostigamiento a la juventud de los sectores populares.